Si las elecciones fueran ahorita, a lo mejor López Obrador sacaba todavía más votos: en su etapa de transición de candidato a presidente ha podido mantener ilusionados a sus seguidores más duros y ha logrado alejar ciertos miedos mostrándose moderado ante quienes le veían con pánico.

El capital político le ha permitido hacer cosas que en otros tiempos hubieran ya generado inestabilidad a un presidente electo: cambió a su gabinete antes incluso de tomarle protesta, ha incluido en su equipo de trabajo a personajes con historiales francamente impresentables, hay abiertas contradicciones entre sus colaboradores y entre él y sus colaboradores, se ha retractado de varias de sus propuestas de campaña y otras han sido puestas en perspectiva de una lenta implementación.

Todo eso ha pasado sin costo porque López Obrador goza de una fascinante luna de miel con el grueso de la ciudadanía. Así que se perdona eso y seguramente más.

Pero la prueba de fuego parece llegar más temprano de lo esperado con lo que ya va tomando forma de escándalo por el fideicomiso “Por los demás” y la investigación del INE que concluyó en la tercera multa más alta de la historia a un partido político, después de la del Pemexgate al PRI y la de Amigos de Fox al PAN por usar mecanismos paralelos de financiamiento de campaña. Y con vista a la PGR para investigar posibles delitos.

Hasta antes de la multa, López Obrador proyectaba imagen y comportamiento presidenciales, se le veía encontrando su lugar en el concierto internacional, alejándose de las estridencias del templete para empezar a sentarse en la silla del jefe de Estado (quizá incluso prematuramente por la urgencia pública de que se termine ya el desacreditado sexenio de Peña Nieto).

Esa dinámica se interrumpió el miércoles pasado, cuando se oficializó la multa por 197 millones de pesos a su partido Morena. En los últimos cuatro días reapareció el López Obrador iracundo, el que descalifica a la prensa, el que responde con condenas morales a los señalamientos, el que denuncia conspiraciones malignas, culpa de todo a los demás y es incapaz de “ver la viga en el propio”. Sin embargo, esta vez ha dejado abierta una puerta a la institucionalidad: después de decirse víctima de un complot en el que incluye a la autoridad electoral, a la Secretaría de Hacienda del gobierno saliente y a la prensa, dijo que acudirá al tribunal electoral para impugnar la multa y confió en que le dará la razón de que no hubo nada irregular en el fideicomiso para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

Algunos pronosticaban que una vez en el poder aparecería un Andrés Manuel presidencial, responsable y hasta institucional, otros estaban seguros de que no. El caso del fideicomiso puede ser el que acelere la definición de cómo será el presidente López Obrador.

Las acusaciones son serias. Van desde la manipulación electoral de la ayuda a los damnificados hasta el uso de financiamiento ilegal. Y tocan el corazón de la promesa que lo hizo ganar la elección: un movimiento, un partido y un gobierno que rechacen y combatan la corrupción, la simulación y la mentira.

Se puede decir que el país está a prueba. La manera en que enfrente la decisión judicial última definirá qué tipo de presidente será López Obrador. La forma como procese el tribunal este caso permitirá medir la solidez de las instituciones democráticas. Y la reacción de la sociedad ante el comportamiento tanto de los juzgadores como de los acusados mostrará si la madurez con que encaró la ejemplar jornada del 1 de julio es duradera.