Poco a poco la banca ha avanzado en generar infraestructura y modificar sus operaciones para que más mexicanos tengan acceso a sus productos. Hace casi dos décadas comenzó la operación de las ahora comunes tarjetas de nómina, en las cuales los trabajadores reciben su sueldo; si el banco elegido por la empresa no satisface al empleado, de forma fácil se puede cambiar por otra institución en la cual se haga el depósito del salario.

De manera más reciente miles de usuarios han migrado a la banca electrónica e incluso a la banca móvil. También han sumado a los llamados corresponsales, pequeños establecimientos o tiendas de conveniencia que aceptan pagos y depósitos bancarios.

Con retos aún por delante, son cientos de millones de pesos los que están en movimiento vía la banca electrónica todos los días. La confianza es una parte central para mantener a los usuarios actuales e incorporar a más. Los procesos de seguridad de cada institución deben cumplir los mayores estándares.

Esa confianza está en riesgo estos días. Ayer el gobernador del Banco de México confirmó que las fallas que se presentaron los últimos días en algunos bancos fueron resultado de un ciberataque. Información previa revelada por agencias de noticias internacionales señalaron que más de 300 millones de pesos habrían sido sustraídos de diversos bancos.

Las anomalías comenzaron desde finales de abril en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI) y se han mantenido. Expertos en seguridad lo tienen claro: entre más se tarde en descubrir un ataque más le va a costar a la organización, tanto en pérdida de datos como de dinero. ¿Se tomaron acciones de manera expedita en este caso? Los cuentahabientes merecen conocer cuándo y qué medidas se han puesto en marcha para proteger su patrimonio económico.

Las fallas y reportes de irregularidades en transferencias no contribuyen a elevar el nivel de bancarización en el país, que de por sí es bajo. A pesar de que existe un incremento en los servicios bancarios (tarjetas de crédito o débito, créditos personales o hipotecarios), la mayoría de la población no los utiliza. La cobertura todavía no es la óptima, pues a junio de 2016 sólo 72.5% de municipios tenía al menos un punto de acceso a hacer operaciones de retiro y depósito; más de la cuarta parte de los municipios carecen de ello.

Utilizar menos efectivo y sumar a más personas a los servicios bancarios tiene beneficios indudables: se reducen tanto los actos de corrupción como la informalidad, pero la confianza ganada puede perderse con hechos como el que se presenta estos días y que demanda una atención plena si no se quiere retroceder lo avanzado.