Símbolo y ejemplo del fracaso absoluto de la procuración de justicia en este sexenio y del agotamiento de la Procuraduría General como institución responsable de hacer valer el Estado de Derecho en la República, el llamado Caso Ayotzinapa cumple hoy cuatro años de investigaciones incompletas, irregulares y fallidas que, a pesar del esfuerzo gubernamental y de enormes recursos públicos invertidos para construir una “verdad histórica” hoy totalmente desacreditada y cuestionada, no han servido para responder con total certeza y contundencia a preguntas básicas de un crimen que dejará sin resolver el gobierno de Enrique Peña Nieto:

¿Quién y por qué realmente mataron con tanta saña a los 43 normalistas, cuál fue el destino final de la mayoría de los cuerpos de los estudiantes, por qué de 130 detenidos ninguno dio la ubicación exacta de los restos y sí en cambio varios denuncian torturas, cuál fue el contenido real de las declaraciones del alcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Angeles Pineda y de Felipe Flores Velázquez, jefe de la seguridad en Iguala, quién era el “Patrón” del que tanto se habló en las comunicaciones telefónicas y de radio entre los policías de Iguala y Huitzuco, ¿por qué no se le fincó responsabilidad legal alguna al gobernador Ángel Aguirre a pesar de sus vínculos documentados con los Abarca y, por último, y la duda más grave y menos respondida ¿cuál fue el papel real de la Policía Federal y del Ejército mexicano, con su 27 Batallón de Infantería y por qué hay testimonios que indican que nunca actuaron para defender del secuestro y el asesinato a los normalistas?

48 meses en los que, miles y miles de fojas, declaraciones de testigos, diligencias (no siempre legales como las de Tomás Zerón) audiencias judiciales, amparos y sentencias, conferencias de prensa y hasta el agotamiento de un procurador como Jesús Murillo Karam, que literalmente tiró la toalla en apenas cinco meses de conducir las investigaciones y en medio de fuertes cuestionamientos por su actuación; nada de eso ha bastado, con todo y los recursos del un Estado que se muestra incapaz de llegar a una verdad jurídica y legal ante el desgaste y desacreditación de la llamada “verdad histórica” u oficial.

En esta conmemoración de un crimen que conmocionó al país y al mundo y que, a pesar de los muchos discursos y voces que dijeron indignados “Ya basta” y “nunca más otra noche como la de Iguala”, hoy ha sido rebasado por muchas otras masacres y matanzas, ejecuciones masivas, fosas clandestinas, tráileres cargados de muertos deambulando. Y nadie cree en este triste aniversario en la veracidad y legalidad de las investigaciones oficiales, ni los padres de los normalistas, ni las Comisiones y organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, ni sectores amplios de la sociedad y ni siquiera el Poder Judicial de la Federación, que hoy ordena una “Comisión revisora” de todas las averiguaciones e indagatorias realizadas por al PGR bajo el argumento de que no se apegaron plenamente al Derecho Penal y Procesal.

Porque hoy, a cuatro años de distancia de la noche trágica de Iguala y a casi 50 de la masacre de Tlatelolco, el asesinato de estudiantes sigue siendo un crimen que en México se queda impune y en donde, lo mismo en el caso Ayotzinapa que en el del 2 de octubre, podrá haber acusados, autores materiales, chivos expiatorios y hasta alguno que otro inocente obligado a declarar bajo tortura, pero nunca se podrá saber la verdadera identidad de los responsables intelectuales, de los que dieron la orden de retener, torturar, masacrar y desaparecer a los estudiantes cuyos cuerpos y paradero, sean de universitarios o normalistas, quizás nunca se sepa porque se oculta y se protege lo que hubo de fondo en un crimen tan horrible y deleznable.

Y si en el caso del crimen de lesa humanidad en Tlatelolco tuvieron que pasar 50 años para que una institución del Estado mexicano, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reconociera oficialmente que sí, que “fue el Estado” el autor de esa masacre, que hubo aquella tarde del 2 de octubre francotiradores mandados por el gobierno de entonces para “crear pánico y caos entre los estudiantes” y que a eso siguió una acción sistemática de “persecución, tortura y encarcelamiento” de dirigentes estudiantiles y universitarios, en este 26 de septiembre de 2018 la pregunta obligada es ¿cuántos años más tendremos que esperar para saber quién dio la orden de desaparecer y matar a los 43 normalistas y por qué las instituciones de seguridad del Estado mexicano no hicieron nada para evitarlo?

NOTAS INDISCRETAS… En el reparto de Comisiones decidido anoche por la Junta de Coordinación Política el Senado, Morena se llevó 22 de los 46 organismos legislativos, PAN 7, PRI 5, PRD 3, PT 2, PVEM 1, PES 2 y MC 3. Y hubo algunas designaciones que resultarán polémicas como la del senador Félix Salgado Macedonio como presidente de la Comisión de Defensa, algo que no hará mucha gracia en el Ejército, aunque para equilibrar al priista Eruviel Ávila le dieron la de Marina. También destaca la de Napoleón Gómez Urrutia presidiendo la Comisión del Trabajo, Vanessa Rubio en Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe mientras que a Héctor Vasconcelos como consolación le dieron la principal de Relaciones Exteriores. Josefina Vázquez Mota quedó al frente de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, y en el reparto hasta el suplente de Manuel Velasco, Eduardo Murat, alcanzó hueso en la de Medio Ambiente, que por supuesto dejará en su momento al gobernador chiapaneco. En fin que para todos hubo, como en la viña del señor… Y a propósito del Senado, de pena ajena que al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca lo agarraran promoviendo en sus chats el sexoservicio y hasta la trata de personas en plena sesión legislativa. Aunque por la tarde se disculpó en su cuenta de Facebook, el hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, “por la forma ofensiva, en que me exprese en una comunicación privada” y por participar en una “conversación misógina”, por la noche el presidente del Senado, Martí Batres, informó en Twitter que instruyó a las áreas jurídicas del Senado “para que analicen y determinen lo conducente”… Y hablando de “calenturas” pero más bien políticas, hay un personaje, Jesús Orta Martínez, que anda divulgando en sobremesas y cafés que ya fue designado por Claudia Sheinbaum como próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. Orta asegura que ya tiene el cargo y lo presume a quien lo quiera escuchar. Y de ser cierto que la jefa de Gobierno electa ya lo designó, entonces es inevitable pensar que detrás de ese nombramiento estaría la mano de Marcelo Ebrard, pues Jesús Orta fue su Oficial Mayor en el gobierno capitalino y lo más delicado es que en 2013 la Contraloría de la ciudad documentó un mal uso de sus funciones en el otorgamiento de permisos de publicidad y hasta ordenó una inhabilitación. Si en esas manos quedará la seguridad de esta ciudad en crisis, que Dios nos agarre confesados… Los dados se agitan. Serpiente y descendemos.