En estas campañas electorales 47 candidatos han sido asesinados. La razón puede ser muy distinta para cada uno de los casos, pero la sombra de grupos de la delincuencia organizada aparece en la mayoría de los crímenes.

La multiplicación de bandas locales, con presencia solo en ciertas regiones, como consecuencia del descabezamiento de cárteles que tenían alcance nacional, ocasiona que la delincuencia busque ahora influir a nivel municipal o acaso estatal.

Con excepción de un caso, todos los homicidios han sido contra aspirantes locales. El único ataque contra un candidato a un puesto federal fue el que sufrió Fernando Purón Johnston, asesinado el pasado 8 de junio al salir de un debate en Piedras Negras, Coahuila. De 2014 a 2017 se desempeñó como alcalde de esa localidad. De su gestión, siempre destacaba que arrebató la ciudad al grupo criminal de Los Zetas “para devolvérsela a los ciudadanos”.

Parecería que los grupos criminales están depurando por las buenas o por las malas las boletas electorales, para bajar a quienes desde ahora se niegan a pactar con ellos. Ayer la magistrada presidenta del Tribunal Electoral federal consideró que “los criminales están decidiendo quiénes son los candidatos que deben estar en las boletas”.

La semana pasada —por segunda ocasión— los candidatos de la coalición Por Guerrero al Frente a la alcaldía, sindicatura y regidurías de Cutzamala de Pinzón, un total de 11 aspirantes, renunciaron a participar en las elecciones. En la localidad se han vuelto comunes las amenazas y extorsiones por parte de bandas delictivas.

Las amenazas y ataques del narcotráfico a candidatos desafortunadamente no son nuevas. En 2010 el candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado por un comando armado a unos días de celebrarse los comicios.

Nunca se había registrado tal número de homicidios de aspirantes en un proceso electoral. Los hechos han merecido la condena de autoridades federales y de los partidos políticos, pero no basta con eso. La penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno o la compra de voluntades representa uno de los mayores riesgos para la viabilidad democrática de este país.

A seis días de que terminen las campañas poco se puede hacer; cualquier decisión que se tome llegará tarde. Lo importante ahora es vigilar el comportamiento de las autoridades locales que asumirán sus cargos en aquellos lugares donde se registraron los asesinatos. Su desempeño podría estar supeditado a amenazas del crimen e intereses muy lejanos del bienestar común.