Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que nadie gane más que el presidente de la República, fue aprobada como normatividad en la Ley Federal de Remuneraciones; solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación —para lo cual el Ejecutivo tiene 30 días desde el jueves pasado.

En Petróleos Mexicanos, el área jurídica informó a sus directores generales que el tope salarial de 108 mil pesos no aplica para la empresa productiva del Estado, debido a que la Constitución le confiere un régimen de remumeraciones distinto al del Artículo 27. Actualmente el director de Pemex percibe un sueldo bruto de 220 mil pesos mensuales; el de los consejeros profesionales se ubica en 179 mil pesos y el de los subdirectores en 172 mil.

En el Banco de México, funcionarios de larga trayectoria están adelantando su retiro, ante el temor de que su pensión pueda verse afectada por un eventual ajuste que ponga en marcha el banco central para estar en línea con el programa de austeridad del próximo gobierno.

¿Debería haber excepciones en algunos sectores de la administración pública para que algún funcionario pudiera percibir una mayor remuneración que la del primer mandatario?

La flexibilidad en este aspecto en algunos sectores muy específicos de la administración pública, al menos tendría que analizarse.

En áreas de Petróleos Mexicanos y del Banco de México existe personal altamente especializado que ha escalado desde posiciones menores y es producto de la preparación constante. Su talento es incluso reconocido en el exterior al grado de que son requeridos por organismos internacionales.

En las críticas a la llamada burocracia dorada, uno de los últimos señalamientos eran sus salarios. Lo que se cuestionaba ampliamente era, entre otras cosas, el uso de aeronaves para viajes personales, la utilización de vehículos de lujo (blindados, la mayoría de las veces), personal de seguridad, numerosa plantilla de asistentes, bonos especiales, elevadas prestaciones, asignación de obras sin concurso, etc.

Lo ideal sería que en el gobierno federal se diera un balance entre personal de amplia experiencia (que no tenga que anticipar su salida por temor) y cuadros jóvenes que tuvieran la certidumbre de que pueden desarrollar una carrera de servicio al país, en temas sensibles como energía, economía o seguridad al tiempo que sus aportaciones sean reconocidas de manera económica. Eso sí, sin abusos ni despilfarro.