El 1 de julio pasado, la democracia mexicana pasó una prueba fundamental para confirmar su consolidación. La competencia electoral se llevó a cabo no sin los debidos contratiempos, pero siempre con certeza legal, certidumbre y confianza ciudadana. Lo que ha permitido el fortalecimiento de nuestra democracia es, en buena medida, la solidez de la institución que se encarga de organizar los procesos electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE).

El papel de este organismo consistió en la preparación de la jornada electoral, en la adecuada conducción de las campañas, así como en dar claridad a los resultados obtenidos. De este modo, por medio de la colaboración de miles de trabajadores, pudo capacitar a cerca de 3 millones de mexicanos, de los cuales 1.4 millones participaron en el desarrollo del proceso electoral. Además, durante el día de la elección, garantizó la instalación y funcionamiento de casi 160 mil casillas para que los mexicanos pudieran emitir su sufragio. Una labor de enormes proporciones.

A lo largo de las campañas, al INE también le correspondió la organización de los tres debates presidenciales. Estos ejercicios generaron gran expectación entre el electorado, puesto que fueron vistos por millones de personas y contribuyeron a que los votantes contaran con mayores elementos para tomar una decisión informada. La deliberación pública promovida por el INE se convirtió en un rasgo que marcó estas campañas.

Por si fuera poco, el INE garantizó, de la mano de los Organismos Públicos Locales (OPLES), el buen desarrollo de la elección a nivel nacional, particularmente en los estados en los que se renovaron gubernaturas. Lo anterior se logró con transparencia en resultados y con la confianza de los electores.

Si acaso podría cuestionársele la permisividad ante las virtuales campañas anticipadas de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Anaya, quienes con base en interpretaciones de la ley aparecían en spots, lo que puso en riesgo el principio de equidad de la contienda. A pesar de ello, los méritos conseguidos son mayores, por lo que el fortalecimiento con el que el INE concluye este proceso electoral es una gran señal para los votantes mexicanos y para el fortalecimiento de la democracia.

Desde que se fundó a finales del siglo pasado, la mayor virtud del instituto es que ha hecho partícipes a los ciudadanos de la toma de decisiones sobre la elección de sus funcionarios; más aún, puso en las manos de la colectividad un proceso que corresponde a todos. Con esto como antecedente, esta institución ha dado certeza legal en todas sus etapas al proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia. El INE merece reconocimiento.