¿Cuánto cuesta la inseguridad a cada ciudadano, a cada empresa, al país? Hay muchas cifras al respecto. Por su rigor y alcance, las que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía seguramente reflejan de manera más fiel la realidad.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018) menciona que “a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares, el costo representó un monto de 299 mil 569 millones de pesos”, equivalente a 1.65% del PIB y a 7 mil 147 pesos por persona afectada.

Para las empresas, el golpe a las finanzas también es relevante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, el costo promedio del delito por unidad económica en 2017 fue de 66 mil 31 pesos, mientras que en 2015 fue de 57 mil 779 pesos.

En la encuesta se cita también que en 86.6% de los delitos cometidos contra empresas no se presentó una denuncia penal o no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación, pues la mayoría de los encuestados refiere que se trata de una pérdida de tiempo.

Sean empresas o personas, los actos delictivos tienen un costo enorme, incluso para aquellos afortunados que no han sido víctimas de algún ilícito.

Las empresas que son blanco de las bandas delictivas buscarán reponer sus mermas aumentando el costo de sus productos. Si la delincuencia ha golpeado más de una ocasión a las mismas empresas, muchas llegan a tomar decisiones drásticas como el cierre total de operaciones, lo que trae como consecuencia escasez de productos y por tanto el encarecimiento de ellos, además de la pérdida de empleos y la caída del dinamismo económico en regiones del país.

La inseguridad, entonces, tiene un costo para toda la población. A unos de forma directa y a otros de manera indirecta. La delincuencia cuesta más a unos que a otros, pero toda la población termina pagándola en conjunto.

México no puede seguir permitiendo que buena parte de los recursos públicos y privados se pierdan por inseguridad o se destinen al rubro de protección. El dinero público tendría que estar atendiendo las carencias de los más necesitados o creando infraestructura, y el privado invirtiéndose en creación de empleos o nuevos proyectos.

La inseguridad nos cuesta a todos. El país sigue esperando una solución, aunque sea parcial, al problema. En este sexenio poco se logró. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir ciudadanos y empresas esta situación?