La política de transformación hacia la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, que ya de por sí implica retos, se vuelve aún más compleja si consideramos la dimensión de la desigualdad educativa en México, entre regiones e instituciones de educación superior.

De entrada, la heterogeneidad y fragmentación entre las instituciones de educación superior; por ejemplo, hay más de tres mil instituciones en poco más de diez subsistemas, donde se agrupan universidades públicas federales y estatales, universidades tecnológicas, universidades interculturales, universidades politécnicas, escuelas normales, unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, institutos tecnológicos federales y estatales, centros de investigación. Y de todas, las públicas estatales y los tecnológicos son los que concentran el mayor número de estudiantes.

En este contexto, es importante señalar que no existe piso parejo en el conjunto de universidades públicas estatales y tampoco en las condiciones económicas y políticas de las entidades de las que son parte. Hay universidades que cuentan con altos presupuestos y otras con presupuestos muy bajos.

Las universidades con alto presupuesto cuentan con más posibilidades de alcanzar amplias coberturas de educación superior y mayor inclusión, como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que para el periodo 2016-2017 alcanzó el 97.5% de cobertura.

En el otro extremo nos encontramos con entidades e instituciones que tienen la cobertura más baja, como es el caso de Oaxaca, con apenas el 19.7 por ciento, 15 puntos por debajo de la media de América Latina y a la mitad de la cobertura nacional, que es del 38%

La desigualdad imperante ha abierto brechas que colocan al sureste, y particularmente a Oaxaca, como una de las entidades del país con la brecha más alta. Ello es resultado de una perspectiva centralista del modelo de desarrollo dominante que desalentó la inversión pública en entidades del sureste mexicano y que se refleja en un conjunto de rezagos históricos entre los que resalta la educación y, más aún, la educación superior.

Las universidades de menor presupuesto han acumulado rezagos y resienten de manera progresiva la presión de problemas de carácter estructural recrudecidos por la tendencia de disminución del presupuesto que se manifiestan en presiones de gasto en cada cierre de ejercicio y se traduce en un trabajo de sobrevivencia, más con una orientación de corto plazo y menos en una perspectiva amplia, de horizonte de largo plazo.

Es importante también observar las brechas regionales a una escala más amplia, en el contexto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual nuestro país es integrante. En términos de la asignación del gasto público en educación superior como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), México se ubica como uno de los países de menor asignación en inversión con 0.96%

Por tanto, las brechas al interior del país no hacen más que remarcar las existentes a escala global, lo que implica la necesidad de disponer de una política de compensación de rezagos para remontar los problemas acumulados entre regiones e instituciones de educación superior.

Esto lleva a insistir en la necesidad de una política de piso parejo para todas las universidades públicas, donde no existan universidades de primera ni de segunda. 

Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca