El mapa político electoral del país se modificó radicalmente después del 1 de julio. Los cambios se concretarán en fechas distintas en municipios y estados, así como en el Congreso y en el Ejecutivo, pero en menos de cinco meses la nueva conformación será una realidad.

En este periodo, llamado de transición, los gobiernos actuales y los entrantes comienzan acercamientos para el relevo del poder, lo cual no debe significar en ningún momento una disminución de las acciones de gobernabilidad. La seguridad pública, por ejemplo, es un área en el que no se puede bajar la guardia un minuto.

El país enfrenta desde hace años actos de violencia derivados del enfrentamiento de grupos del narcotráfico. Cada vez que se anuncia el despliegue de un operativo federal en alguna región se destaca que habrá coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Los escasos resultados positivos parecen una prueba de que tal coordinación se logró a medias... o nunca se concretó.

La cooperación entre dependencias de distintos estados o municipios debería ser una práctica común, pero no siempre ocurre. Por ejemplo, el narcomenudeo y la violencia que dominan tanto en la capital del país como en la zona conurbada del Estado de México debió generar hace tiempo acciones coordinadas de combate al delito. En la Ciudad de México, cuya situación de seguridad no está en su mejor momento, la anunciada renuncia del titular de Seguridad Pública (que tendrá efecto el último día del mes) no debería ser motivo para disminuir el nivel de colaboración con homólogos de estados vecinos o considerar que las puertas se cerraron, como sucede en otros poderes.

En las áreas legislativas prevalece un clima de bajar la cortina. En el Congreso federal como en muchos estatales domina una virtual parálisis. Aquí se ha comentado el interés de legisladores chapulines de volver a la Cámara y al Senado, a pesar de que sus oficinas están siendo remodeladas y mucho personal ha sido despedido. También se ha mencionado que los apoyos a la tarea de reconstrucción de edificios dañados en la capital del país, tras los sismos de septiembre pasado, están atorados por la escasa actividad en la Asamblea Legislativa de la CDMX.

Aunque muchas autoridades estén en proceso de salida, se requiere su involucramiento total así como el seguimiento puntual de quienes están a punto de relevarlos.

El gobierno federal que tomará posesión el 1 de diciembre se encuentra trabajando en diversos temas para iniciar con acciones definidas a partir de ese día. Afortunadamente la seguridad es una de ellas.

El próximo partido en la Presidencia será el mismo en la mayoría de congresos estatales y en varias ciudades importantes. Es de esperarse, en principio, que haya una colaboración efectiva en materia de seguridad. Si no es ahora, ¿cuándo?