La pobreza es un fenómeno que consume todos los días la vida de millones de mexicanos. A ello están asociados otros problemas de gran calado: migración, problemas de salud, desnutrición, bajos estándares educativos y escasa movilidad social, principalmente. Bajo este contexto, desde hace décadas ha prosperado en diversas regiones del país el comercio de personas para aliviar la situación de escasez en las familias.

Como revela hoy EL UNIVERSAL, en las zonas más pobres de Guerrero se compra y vende a menores de edad para casarse sin su consentimiento. En los últimos 17 años, alrededor de 300 mujeres han tenido que contraer matrimonio bajo estas condiciones empujadas por sus padres, cuyo interés principal es obtener beneficios económicos a cambio de unir a sus hijas con quienes pujen por ellas.

Se trata de una tradición que no se ha podido erradicar a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales. Si bien es cierto que han existido iniciativas para ponerle fin, el poder de la costumbre se ha impuesto, por lo que los gobiernos municipales reconocen su incapacidad para cuantificar los casos que siguen ocurriendo.

La compra-venta de mujeres para unirlas en matrimonio es una “tradición” que se sostiene en Guerrero desde hace tiempo, pero que vulnera preceptos legales básicos y ataca los derechos individuales de las mujeres afectadas. El delito de trata de personas es el trasfondo de esta circunstancia, pero las comunidades se resisten a darle frente porque no lo reconocen como un problema.

Cuando una mujer es comprada por la familia de su futuro esposo, pasa a ser una especie de propiedad de él, quien también tiene derecho sobre ella. Por medio del contrato entre las dos familias y el visto bueno de la comunidad, a estas mujeres se les arrebata el derecho más básico que debe tener cualquier persona: el de la libertad de decidir sobre su vida y su destino. ¿Qué futuro tiene una sociedad en la que esto es permisible?

Cuando el pacto social permite que algunos de sus miembros sean tratados como objetos, condiciona sus propias posibilidades de desarrollo; de este modo se traza la vía para la opresión y el abuso sobre los demás. Las costumbres de la comunidad, la debilidad de las autoridades, la permisividad familiar y la pobreza no son argumentos de peso para justificar el atropello a los derechos de las mujeres.

En México, hay un largo trecho por recorrer para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Dejar de verlas como objetos es el gran pendiente de la reconstrucción cultural que está en el horizonte. En paralelo, las instituciones requieren fortalecer las vías y los mecanismos con el fin de que las mujeres puedan empoderarse a sí mismas y aporten a sus comunidades lo que son capaces.