El derecho de asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país está consagrado en el artículo 9 de la Constitución Mexicana. Los ciudadanos pueden conformar agrupaciones políticas nacionales o incluso partidos políticos. La relativamente joven historia de la democracia en el país ha visto pasar decenas de ellos, aunque muchos sin pena ni gloria, como publica hoy EL UNIVERSAL.

Tan solo en los últimos 27 años, 14 partidos han aparecido en la escena nacional y desaparecido al poco tiempo. Ese pluralismo político, sin embargo, no ha sido gratuito. Ha representado un desembolso de 2 mil 266 millones de pesos obtenidos del erario o, lo que es lo mismo, del bolsillo de los contribuyentes.

Hasta antes de que se regulara la extinción de un partido político, la mayoría desapareció sin rendir cuentas y los bienes adquiridos con recursos públicos pasaron a engrosar el patrimonio de los dirigentes.

Ahora, con los cambios en la legislación, cuando un partido pierde el registro por no haber alcanzado 3% de la votación, los recursos y su patrimonio se reintegran a las arcas públicas. Desafortunadamente, en la historia de los partidos hay casos de grupos que únicamente surgieron con el fin de utilizarlos como negocio familiar, pues su militancia era mínima, al igual que su ideología, sus propuestas y su votación. Son conocidos los casos en que al renovarse la dirigencia partidista, resultaba “elegido” un hijo o familiar del líder saliente.

Aunque pueden recibir recursos de origen privado, por ley los partidos tienen acceso a recursos públicos con el objetivo de evitar que sean manipulados por grupos con intereses económicos o ilícitos, que busquen tener influencia en decisiones de índole política. Esto se entiende, pero ¿requieren los partidos los miles de millones de pesos que se les asigna cada año? En 2017, que no fue año electoral, recibieron recursos del INE superiores a 4 mil millones de pesos. Este 2018 las prerrogativas alcanzaron más de 6 mil millones. En un país con carencias como México es válido cuestionar las partidas asignadas a los partidos y más si se resisten a la transparencia.

La supervisión al gasto que ejercen los partidos debió darse desde el primer momento, pero es una medida reciente.

Tener partidos con millonarios recursos y millones de personas en situación de carencia da como resultado poca o nula credibilidad de su visión social. Se requiere que demuestren a la sociedad que pueden hacer más con menos recursos y que están dispuestos a rendir cuentas. Es cuestión de sensibilidad.