Nadie tendría razones válidas para oponerse a contar con un gobierno austero, sin privilegios ni rodeado de lujos. Pero la drástica reducción en los sueldos de la llamada alta burocracia, que se prevé a partir del 1 de diciembre, puede ocasionar riesgos que deben preverse.

La decisión del presidente electo de reducir su salario a partir del próximo 1 de diciembre, a menos de la mitad de lo que percibe el actual titular del Poder Ejecutivo, es el cumplimiento de una de las promesas hechas en campaña. Mal haría en evadirla.

Su anuncio de que ningún funcionario público podrá tener un sueldo mayor al del presidente de la República ha ocasionado opiniones encontradas.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro presidente argumentó en favor de que los integrantes del Poder Judicial tengan remuneraciones dignas para que se garantice la independencia de los juzgadores. En el INE el consejero presidente declaró que están dispuestos a bajarse el sueldo, si la ley así lo fija, pues recordó que en 2017 acordaron disminuir 10% su salario, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó esa decisión.

En materia legal eso se encuentra establecido. El artículo 127 de la Constitución menciona que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la que se determine para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. ¿Por qué no se ha cumplido?

No es solo en la Corte o en los organismos autónomos como el INE donde hay funcionarios que perciben salarios por arriba del tope que fijó Andrés Manuel López Obrador. EL UNIVERSAL publica hoy que actualmente son 35 mil los servidores que ganan más de 108 mil pesos mensuales.

¿Qué podría ocurrir si miles de servidores ven recortados sus ingresos de un día para otro? Una de las posibles consecuencias sería la fuga de talentos. Aquellos que han hecho una carrera en el servicio público emigrarían al sector privado, donde les ofrecieran un mayor salario. Muchos espacios en la administración pública serían probablemente cubiertos por personas que llegarían a aprender, lo que podría influir en la eficiencia de la tarea de gobierno. Esa, sin embargo, sería una consecuencia inocua. Lo grave se presentaría en el momento que los funcionarios que dejarán de percibir sus ingresos usuales, cayeran en la tentación de hacer mal uso de los recursos públicos para “compensar” la diferencia salarial.

Hay temor en la administración pública por la anunciada reducción. Sería un drama para miles de familias, que podría convertirse en un búmeran para el gobierno entrante. No vendría mal claridad en el tema y un poco de serenidad.