La Ciudad de México y su Zona Metropolitana desde hace años experimentan una severo retroceso en términos de seguridad y combate a la criminalidad, algo reflejado en el incremento de prácticamente todos los índices delictivos, lo que a su vez incide directa y negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Una prueba tangible de este deterioro es que, sin exagerar, los habitantes de municipios mexiquenses conurbados a la CDMX y de la propia capital de la República se juegan la vida al hacer uso del transporte público.

Ya sea por cuestiones técnicas como la poca o nula modernización de las unidades de transporte o la ausente profesionalización de sus operadores, en su mayoría, o debido a la cada vez mayor inseguridad en la ciudad, el transporte público puede conllevar serios riesgos para la integridad de quien lo usa. Como ha documentado esta casa editorial recientemente, en estas unidades uno puede ser víctima de un atraco con violencia, y como consecuencia morir, o padecer un accidente grave a causa de la posible negligencia del conductor.

Hablamos además de un fenómeno delictivo que no sólo involucra al ámbito del transporte público y que se relaciona muy de cerca con el narcomenudeo y su considerable avance en la Ciudad de México durante los últimos años. Como evidencia, a varios de quienes presuntamente han cometido delitos en el transporte público se les relaciona, por el modus operandi y algunos rostros captados en videos, con otras prácticas delictivas como la extorsión y el “cobro de piso” y con organizaciones criminales como la Unión de Tepito.

Es indignante que en algo tan cotidiano e imprescindible como el transporte público no existan las garantías de seguridad para los usuarios. Y es alarmante, porque del buen funcionamiento de los medios de movilidad de la ciudadanía depende también el buen curso de la actividad económica de la urbe, el que estudiantes, profesionistas, comerciantes, prestadores de servicios, etcétera, puedan llegar a sus destinos.

Es inaceptable que emprender un viaje por la Ciudad en transporte publico —que debiera ser la mejor opción para la gente no sólo en términos económicos, sino por la calidad que debería tener el servicio— suponga poner en riesgo la vida propia.

La administración capitalina saliente debe entregar cuentas claras y realistas sobre el estado de cosas en el rubro de trasporte público, para que el gobierno entrante comience a trazar una estrategia de solución. Por su parte, por ser un problema claramente compartido, el gobierno del Edomex debería buscar estrechar la colaboración en este tema con el próximo gobierno de la Ciudad. La ciudadanía lo exige a gritos.