La Universidad Nacional Autónoma de México, la mundialmente conocida UNAM, una de las casas de estudio más grandes y de mayor prestigio en el mundo, y sin duda motivo de orgullo para todos los mexicanos, atraviesa hoy una severa crisis producto de diversos eventos violentos recientes que, sólo en principio, han puesto en entredicho las capacidades de la propia institución para garantizar la seguridad en sus instalaciones, a las cuales, por la autonomía universitaria, no se permite el ingreso de las fuerzas del orden.

En lo que bien podría ser el inicio de una pugna por la “plaza de CU” —por indignante que suene al tratarse de la UNAM—, el pasado viernes en las inmediaciones de los frontones de Ciudad Universitaria —conocidos por ser donde se comercia gran diversidad de drogas ilegalmente— se registró un enfrentamiento a tiros, presuntamente entre narcomenudistas, con saldo de dos de los implicados muertos.

Ante estos preocupantes sucesos, ayer sábado Enrique Graue, rector de la UNAM, explicó que pudieron deberse a las acciones que la propia casa de estudios está llevando a cabo para abatir el narcomenudeo en CU, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la juventud en general a “rechazar a quienes comienzan a inundar Ciudad Universitaria de estupefacientes” y dejó en claro que las armas y el ingreso de la policía no son alternativa para enfrentar a los narcomenudistas en CU, negativa cuyas implicaciones asume como su total responsabilidad. Graue además resaltó que, en el contexto del proceso electoral en marcha, algunos podrían aprovechar ese tipo de episodios para desestabilizar a la universidad.

Entretanto, hasta el cierre de este espacio, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, las autoridades capitalina y federal, aduciendo tecnicismos legales, parecían querer deslindarse del caso. Inaceptable, porque a los hechos del viernes habría que agregar la muerte, dentro de CU y en circunstancias aún sin esclarecer, de Lesvy Berlín en mayo de 2017; el hallazgo del cuerpo de un hombre en La Cantera, también en mayo del año pasado; o la muerte, en junio de 2017, de un estudiante de Odontología en la Facultad de Filosofía y Letras, supuestamente tras reñir con alguien y caer desde el tercer o segundo piso.

Podríamos mencionar igualmente, como símbolo de la “anarquía” o territorio sin ley que llega a ser CU, el caso del Auditorio Justo Sierra, tomado desde el 2000 por “grupos de izquierda”, mismos que han sido acusados de vender droga.

En suma, hechos como los aludidos no deben seguir ocurriendo en la UNAM. Y para ello no sólo las autoridades universitarias —en necesaria y estrecha colaboración con las procuradurías federal y capitalina— deberán intervenir. Toda la comunidad universitaria, pero en particular el estudiantado, juega un rol crucial.