La construcción de la paz, asociada al respeto de los derechos humanos y la regeneración ética de la sociedad, se ha convertido en una de las prioridades del Plan Nacional de Seguridad. El planteamiento convoca al cambio de paradigmas para sustituir el uso de la fuerza como estrategia por acciones de prevención del delito y el restablecimiento del estado de derecho.

Sin duda, el cambio de estrategia implica dificultades, pero en este escenario resulta relevante admitir que hay pasos andados en una multiplicidad de experiencias civiles, entre las que resalta el legado de pueblos y comunidades indígenas para atender sus problemas de seguridad a partir de una variedad de estrategias de organización y participación.

Las universidades públicas tienen mucho que aportar en términos de diagnósticos de casos puntuales, saberes acumulados y experiencias concretas que permitan la retroalimentación de las nuevas políticas de paz y seguridad, y también como espacios plurales para abrir diálogos públicos entre los distintos sectores sociales sobre el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas y estrategias.

Una cualidad de las comunidades universitarias es su trabajo en redes académicas entre las diversas instituciones de educación superior y centros de investigación, así como su amplia y constante vinculación con cortes y tribunales nacionales e internacionales, entre otros organismos especializados para intercambios recíprocos de actualización en múltiples temáticas.

Implica también la recuperación de iniciativas y acuerdos interinstitucionales como el establecimiento de comisiones civiles de prevención del delito, promovido por el gobierno federal y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hace un par de años, con el objetivo de alentar el trabajo de las universidades, así como de representantes de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación de programas y acciones. Algunas comisiones tal vez se diluyeron, otras más permanecen activas y ello depende del interés de sus integrantes como es el caso de la Comisión de Oaxaca.

Es en el contexto de procurar el trabajo de todos los actores de la sociedad, los tres niveles de gobierno y las instituciones académicas públicas y privadas, como en Oaxaca hemos abierto la reflexión sobre la seguridad pública y, de manera puntual, sobre las implicaciones de la Guardia Nacional.

La preocupación compartida por los integrantes de la Comisión Civil de Oaxaca es la legítima aspiración de sociedad y gobierno por tener un México en paz, que corresponda a las condiciones estructurales que la hagan posible, en términos de disminución de la pobreza y marginación, aumento del empleo formal, abatimiento de la precariedad laboral y recuperación del ingreso, de una paz articulada en el respeto a los derechos humanos, al reconocimiento de la pluralidad, la inclusión y la perspectiva de género, en contra de todo tipo de discriminación y exclusión.

Una paz que sea resultado de esfuerzos de diálogo y reconciliación entre los actores en conflicto, y que como sociedad podamos transitar hacia una convivencia civilizada, que tenga como cimiento la erradicación de todas las violencias, considerando que las causas y factores generadores de éstas no se han instalado en nuestros contextos de un sólo golpe, sino que son resultado de décadas de exposición a ellas.

Rector de la UABJO