Pueblos negros, reconocimiento sólo de papel

Aunque han pasado 20 años desde que inició la lucha por su reconocimiento constitucional, no se ha promulgado la ley que ayude a mejorar su vida
La lucha de los pueblos negros que inició en El Ciruelo dio su primer fruto en 1998, cuando Oaxaca reformó el artículo 16 de su Constitución para incluir a la población afromexicana
09/05/2018
09:00
Juan Carlos Zavala
Pinotepa Nacional, Oaxaca
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Fotos: Mario Arturo Martínez

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Cuando Glyn Jemmott Nelson, originario de Trinidad y Tobago, llegó a la Costa de Oaxaca como misionero fue rechazado por la población de Santo Domingo Armenta, porque los habitantes no podían imaginar que un sacerdote no fuera blanco y  menos que tuviera su mismo color de piel.

Ese rechazo los llevó a la localidad El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional. Fue aquí donde el clérigo inició una lucha que continúa: el reconocimiento del pueblo negro.

“Un sacerdote negro era una novedad. Indígenas y negros estábamos acostumbrados a ver sacerdotes blancos, cuando la gente lo vio decía que no era sacerdote, que los negros jamás llegaban a serlo”, recuerda Elena de la Luz Ruiz, activa por la defensa de los afrodescendientes desde hace 20 años.

Es marzo de 1997, Glynn Jemmott, de 51 años, organizó el Primer Encuentro de Pueblos Negros. Diversos habitantes de Guerrero y Oaxaca llegarán a El Ciruelo para reflexionar sobre su historia y su presencia en México.

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El resultado de la reflexión fue amargo: Concluyeron que en gran parte del país se desconoce su existencia, son  discriminados y  ni si quiera están reconocidos en la Constitución Política, por lo  que esta falta de reconocimiento los excluye de políticas públicas y  los margina.

Han pasado más de 20 años de ese encuentro y el panorama a penas pinta diferente.

El Ciruelo se ubica a unos 32  kilómetros de   Santiago Pinotepa Nacional.   De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aquí  viven unas 2 mil 215 personas, que se  dedican principalmente  a la siembra de maíz para autoconsumo;  otros más viven  de la pesca, actividad amenazada por el incremento de cocodrilos.  

Aunque en El Ciruelo  la mayoría de las casas son de concreto,  entre sus calles aún se observan   viviendas  tradicionales  hechas  madera o  carrizos,    cubiertas con hojas de palma.  La comunidad alberga 735 viviendas, de las cuales 171 no disponen de agua entubada, 182 no tienen drenaje, 89 tienen piso de tierra y 160 no tienen excusado.

Su gente es hospitalaria, pero se resiste a las fotografías, debido a que  otras personas  les han vendido la idea de que “al fotografiarlos puede llegarles la ayuda, pero esto no sucede”, explican.

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Reconocimiento de papel

La lucha de los pueblos negros que inició en El Ciruelo dio su primer fruto en 1998, cuando Oaxaca reformó el artículo 16 de su Constitución para incluir a la población afromexicana. Tendrían que pasar 15 años para que el artículo volviera a modificarse; en 2013  se agregó que sería una ley reglamentaria la que establecería las medidas “que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales” de comunidades indígenas y afromexicanas.

A casi 20 años del reconocimiento de los pueblos negros, esa ley reglamentaria sigue sin ser promulgada.

Aunque Oaxaca fue el primer estado en reconocer a la comunidad afromexicana, Néstor Ruiz Hernández, representante de la organización Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas (Época), asegura que en la entidad sólo hay un reconocimiento de papel y que no existe disposición para que eso cambie.

Agrega  que el reconocimiento constitucional es un primer paso para mejorar la calidad de vida de estas comunidades. “Yo fui víctima de discriminación institucional. Por ejemplo, que te diga una funcionaria: ‘Yo no te puedo atender porque yo no atiendo a negros, atiendo a indígenas’. Eso me lo dijo Xóchitl Gálvez cuando era directora nacional de la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)”, recuerda.

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Una ley que tarda

En  2011, 13 años después de la primera reforma al artículo 16, se creó el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el cual  organizó foros para elaborar una propuesta de ley reglamentaria que contemplaba libre determinación y autonomía, participación política y consultas, territorio y recursos naturales, y el reconocimiento del pueblo afromexicano de Oaxaca.

 El entonces gobernador Gabino Cué  Monteagudo recibió la iniciativa el 12 de agosto de 2013 y fue remitida a la Cámara de Diputados estatal  para su análisis y aprobación.

Néstor Ruiz, de Época, señala que la propuesta de ley  “planteaba incorporar al pueblo indígena y afromexicano en los mismos derechos, pero la iniciativa quedó en la congeladora... Ni porque la Secretaría de Gobernación (Segob) la despedazó y la hizo pequeñita, ni así se aprobó”, asevera.

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Refiere  que del proyecto de ley que los afrodescendientes trabajaron quedó poco. Segob modificó los puntos referentes a la autonomía de los pueblos, la participación en gobiernos municipales y la representación política en el Congreso estatal.

 “Le mochó todo lo que pudo, a su conveniencia, y ni así la aprobaron”, destaca el representante de Época.

Tres años después del encuentro en El Ciruelo, el sacerdote Glyn Jemmott creó México Negro,  una organización para mejorar el nivel de vida de los afrodescencientes y sumar al reconocimiento de sus derechos. Esa semilla permitió que la voz del pueblo negro se escuchara por primera vez.

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Pequeños avances

De forma paralela a la lucha, el sacerdote impulsó las actividades artísticas: abrió una biblioteca y creó el Centro Cultural Cimarrón para la enseñanza de las artes plásticas.

Quienes formaron parte de Cimarrón han logrado exponer sus obras en Detroit, Estados Unidos, y en galerías de  la ciudad de Oaxaca; además, tres mujeres lograron becas para estudiar en la escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

“Él padre  me invitó a un taller donde hacían artesanías... Ese era el punto del padre, que la raza negra supiera algo más, no todo el tiempo [andar] de peón y reconocernos nosotros mismos como raza negra”, relata el pintor Helder Ávila Palacios.

En 2015 llegó un tercer logró, cuando el Inegi los incluyó en la Encuesta Intercensal. El conteo arrojó que en México la población afrodescendiente asciende a un millón 381 mil 853 personas y representan 1.2%  de la población total del país. En Oaxaca son  196 mil 213 y es la cuarta entidad con mayor población, abajo del Estado de México, Veracruz y Guerrero.

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Según el censo, de los afrodescendientes oaxaqueños 11.2%  entre los seis y los 14 años de edad no saben leer ni escribir,  13.7% de los mayores de 15 años son analfabetas,  34% entre los seis y los 24 años  no asiste a la escuela, 16.4% no tienen afiliación a algún servicio de salud,  12.2% ganan sólo el salario mínimo, 56.5% no tienen prestaciones laborales,  11.1% viven en casas con pisos de tierra y 13% carecen de agua entubada.

No obstante, ellos dicen  que son más del número que arroja el  Inegi.

 Néstor Ruiz sostiene que las comunidades afromexicanas continúan en  pobreza y  marginación.

 “Permanecen escuelas que fueron construidas en la época de mis abuelos... Estamos huérfanos en el tema de la salud. Sólo haciendo escándalo voltean a ver a los negros”, apunta.

Helder Ávila y Elena Ruiz coinciden en que se han logrado algunos avances gracias al esfuerzo de  organizaciones. Elena Ruiz recuerda que aunque ellos se reconocen como negros, ni la academia ni la clase política lo consideraba una forma correcta de nombrarlos, por detonar discriminación o desprecio; entonces se acordó llamarlos afromexicanos y afrodescencientes.

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Castigar la discriminación

El pasado 22 de abril, los diputados de la 63 Legislatura aprobaron que la discriminación sea considerada un delito en Oaxaca y sea sancionada con una pena de cárcel.

Quien por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, posición social, discapacidad, o cualquier otra que atente contra la dignidad  y anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, se le impondrá de 12 meses a tres años de prisión, de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, o una multa de 50 a 200 días de salario mínimo.

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