Sin permiso, Tribunal de Justicia pagó 16 millones
Piden a Raúl Bolaños comprobar uso de casi 70 mdp recuperados del ISR, para lo cual contrató a una empresa sin aprobación del Consejo de la Judicatura
Sin la aprobación del Consejo de la Judicatura, y pese a que es un trámite que no requiere de la contratación de un tercero, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca contrató a un despacho particular para gestionar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por unos 70 millones de pesos.
La empresa contratada fue Monitor Administrativo y Logístico S.C., dedicada a la obra pública, como construcción y reparación de alcantarillas, y no especializada en asuntos contables o fiscales.
Sólo en 2014 esta firma obtuvo ingresos por 11 millones 644 mil pesos por al menos 14 contratos con Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) para la “conservación” de vías rurales, según documentación de esa dependencia. Nueve de estas obras se reportaron en la Costa y otras cinco en la Mixteca.
La empresa, elegida mediante invitación restringida, cobró por su servicio más del 25% del dinero recuperado. La mayoría de esos recursos han sido gastados por el tribunal sin dar cuenta al Consejo de la Judicatura, instancia que requirió informes y pidió parar el uso del recurso que queda.
El monto del ISR recuperado corresponde a los ejercicios fiscales 2011, 2013 y 2014, y suma 69 millones 714 mil pesos. Por esa gestión, Monitor Administrativo y Logístico recibió un pago de 16 millones 173 mil 617 pesos más IVA, según el expediente del caso que lleva el Consejo de la Judicatura.
Sin autorización
En un escrito fechado el 11 de junio y dirigido al Tribunal de Justicia, los consejeros Alfredo Lagunas Rivera, Leandra Ortega Ramírez y Rogelio Morales Cervantes señalan que “en ningún momento el pleno del Consejo de la Judicatura autorizó la contratación de los servicios de algún despacho para la asesoría e implementación en la determinación y compensación de saldos a favor del ISR”. Y agregan que “en consecuencia (...) se les instruye suspender cualquier pago o gasto con cargo a los recursos recuperados”.
Esta situación se informó desde el pasado 17 de abril, cuando dos magistradas pidieron a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa informes acerca del recurso recuperado y pidieron que se reintegren las respectivas cantidades a su favor, según un documento firmado por Frida Jiménez Valencia y Ana María Cruz Vasconcelos.
Además, desde su informe de 2017, primer año en el cargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, informó de los trámites logrados en la recuperación de recursos ante el SAT.
Piden comprobaciones
En entrevista con EL UNIVERSAL, el magistrado Rogelio Morales afirma que se le ha requerido a Bolaños Cacho Guzmán las comprobaciones y los montos gastados del recurso recuperado, pues asegura que han encontrado “circunstancias que todavía no están aclaradas”, por lo que están investigando, aunque aún no se hace alusión de probables responsables.
“Estamos haciendo el análisis de los informes que nos han remitido; de cuál es la empresa que llevó la recuperación del ISR, hablamos de un monto de 16 millones de pesos, cuando no se debió haber pagado nada porque son trámites administrativos que puede hacer cualquier persona física o moral”.
Añade que la contratación no fue autorizada por el pleno del Consejo de la Judicatura, formado por cinco integrantes, y también está prohibida por ley el uso de un despacho interno. “No estamos setenciando aún, estamos en el análisis pleno de la situación y en su momento se dará a conocer si hay o no responsables”, detalla.
El magistrado asegura que luego de las indagaciones, el Consejo ha recibido una serie de ataques mediáticos para alentar la desaparición del órgano administrativo, “lo cual sería un retroceso para Oaxaca y para el país”, asegura.
Ejemplo de ello es la difusión de un audio en el que Bolaños Cacho Guzmán acepta que está supeditado al Poder Ejecutivo, que se desaparecerá el Consejo de la Judicatura y que los diputados lo avalarán, debido a que “no conocen de leyes ni procedimientos”.
“Nos preocupa mucho que en estas grabaciones se diga que se está supeditado al Poder Ejecutivo, es muy grave; cualquiera que escuche esas versiones que el titular del Poder Judicial está diciendo que recibe órdenes directas del Ejecutivo, es delicado”, expone el magistrado Rogelio Morales.
EL UNIVERSAL buscó la versión del Tribunal Superior de Justicia, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
