En 21 meses, 50 retenciones de personas en comunidades indígenas de Oaxaca

En 21 meses se han registrado 50 casos de privaciones de la libertad en comunidades indígenas; en ninguno ha habido sanciones
Ilustración: ROSARIO LUCAS
09/10/2018
09:26
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A las tres de la tarde del 28 de septiembre, Erick Hernández y José Barrios, ambos autoridades electas de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, fueron retenidos por un grupo armado en San Sebastián Nopalera. Lo que siguió  fueron  tres días de retención ilegal,  a causa de una añeja disputa agraria entre ambas comunidades. Tras presiones, los cautivos, quienes ahora cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron liberados, pero no hubo castigo para sus captores.

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En la zona del Bajo Mixe del estado, la actuaria del Juzgado Mixto de María Lombardo, Verónica Jerónimo Méndez, y la meritoria Verónica Martínez Pablo visitaron la comunidad de San Juan Mazatlán para realizar una diligencia por la privación ilegal de la liberta de un funcionario municipal, pero lo que encontraron fue a un grupo de pobladores y autoridades municipales, quienes también las retuvieron.

Ambas mujeres, trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, estuvieron privadas ilegalmente de su libertad por 15 días, junto con otros servidores públicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), dos geólogos y un taxista.

El argumento para privarlos de su libertad fue la demanda de recursos y obras públicas para las localidades del municipio y cuyo trasfondo es  un conflicto político entre el edil Macario Eleuterio Jiménez y sus opositores.

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Las retenciones de personas es una práctica común en el estado para la solución de conflictos, ya sea entre particulares o entre  autoridades de pueblos y comunidades indígenas. En promedio, se presentan dos casos al mes, de acuerdo a una revisión hemerográfica realizada por EL UNIVERSAL.

Durante los 21 meses del actual sexenio se han presentado 50 casos de retenciones de personas en pueblos y comunidades indígenas, en 33 de ellos las personas retenidas eran funcionarios, como policías, autoridades municipales, presidentes municipales, trabajadores de órganos electorales y hasta militares, entre otros. Sólo en el primer mes de la actual administración —diciembre de 2016— se registraron cinco casos; 26 en  2017 y 19 del 1 de enero al 28 de septiembre de 2018.

Este tipo de retenciones son consideradas ilegales y, de acuerdo con el derecho, pueden catalogarse como delitos que atentan contra la libertad personal. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detallan que en la entidad  entre  diciembre de 2016  y  agosto de 2018 se iniciaron 408 carpetas  por este tipo de  delitos: 10 en diciembre de 2016, 224 en 2017 y 174 de enero a agosto de 2018. La comparación entre enero y  agosto de 2017 y esos meses de  2018 reporta una alza  de 32%.

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Impera impunidad

En ninguno de los 50 casos de la actual administración  hay registro de sanción o castigo a los responsables; en algunos,  las personas retenidas no tenían  relación alguna con el conflicto. La impunidad permite, asegura Pedro Sosa Gutiérrez, abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos, que estos actos se cometan con regularidad; muchos de ellos por las mismas autoridades municipales, bajo el amparo de sus usos y costumbres.

Las autoridades estatales, de seguridad pública y de procuración de justicia, indica, actúan con omisión: privilegian salidas políticas a la aplicación de la justicia en actos delictivos que violan garantías individuales y derechos humanos de terceros.

En entrevista, el especialista  explica que la Constitución establece que los sistemas normativos internos —usos y costumbres— están garantizados a los pueblos y comunidades indígenas, pero también indica que su límite son el respeto a las garantías constitucionales y a la integridad de la mujer.

El Estado, sin embargo, no ha querido —sostiene— implementar las acciones necesarias para que las autoridades municipales, cuando protesten el cargo, les adviertan que podrían cometer delitos en la aplicación de sus formas tradicionales de gobierno.

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“El Estado lo que pretende siempre es una salida política y no una salida jurídica. Entonces, surgen interrogantes en aquellos en donde se prive de la libertad a funcionarios y  a particulares para presionar al Estado a que les cumpla sus demandas”, señala.

Sosa Gutiérrez, quien también es catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO),  añade que  “ha fallado el Estado para evitar que esto suceda y que aquellos que cometan delitos, en el marco de los sistemas normativos internos, llevarlos ante la justicia”.

Es precisamente esta impunidad la que permite que las privaciones ilegales de la libertad o retenciones se realicen de manera reiterada en Oaxaca, asegura el especialista.

“Ahí tenemos un antecedente en la Sierra Norte, donde una tesorera fue desnudada y sancionada, la encarcelaron, sin haber llevado un juicio previo en donde se estableciera una responsabilidad, sino de manera unilateral, la autoridad fue y la sancionó”, relata.

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Recalca que en estas retenciones ilegales  se configuran varios delitos, como abuso de autoridad, la privación ilegal de la libertad, lesiones  e incluso  secuestro,  de los que no sólo son responsables las autoridades municipales o las comunidades indígenas, sino también diversos agentes del Estado por omisión. Entre ellos destacan   funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (Segego), de  la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), de  la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Asegura que estos últimos son responsables porque, de origen, no atienden el problema en las comunidades   y no realizan acciones ni inician carpetas de investigación. Destaca que la Fiscalía General, por ejemplo,  excusa que no puede intervenir en casos como el de San Juan Mazatlán Mixe, con el argumento de que “no le compete”.

EL UNIVERSAL acudió con la fiscalía para conocer el número de carpetas abiertas  por estos delitos, cuántas personas están sujetas de proceso  y cuántas han recibido algún tipo de sanción, pero hasta el cierre de la edición  no hubo respuesta.

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