Crímenes de políticos en Oaxaca, sin responsables en la mira
En 20 de los 21 asesinatos registrados en el actual proceso electoral no hay culpables detenidos
A Pamela Terán Pineda y Juana Iraís Maldonado las mataron por separado el 2 de junio. Ambas contendían por un cargo de elección popular, la primera buscaba una regiduría en Juchitán, Oaxaca, y la segunda aspiraba a una diputación local en Huachinango, Puebla. Además, las dos murieron junto con sus colaboradores.
La diferencia entre ambos casos es que a unas horas del ataque contra Juana Iraís, la candidata poblana, la fiscalía de ese estado informó la detención los cinco presuntos responsables del crimen. En el asesinato de Pamela Terán, en cambio, se mantienen abiertas distintas líneas de investigación, pero la Fiscalía General de Oaxaca no ha informado el móvil del crimen, ni la detención de algún sospechoso.
Que a ocho días del crimen de Pamela Terán no se haya dado con los responsables no causa sorpresa, sobre todo si se considera que la impunidad es la constante en 20 de los 21 homicidios de políticos que se han registrado en la entidad durante este proceso electoral, cinco de ellos ocurridos entre el 9 de mayo y el 3 de junio.
De acuerdo con una revisión hemerográfica realizada por EL UNIVERSAL, hasta ahora no hay ningún acusado en prisión por alguno de los 20 crímenes y ni siquiera ha sido detenido sospecho alguno.
El del ex presidente municipal de San Gabriel Mixtepec, José Ramírez Ramírez, es el único caso en el que se detuvo a la presunta responsable. Se trató de su esposa, la cual obtuvo su libertad al catalogarse el crimen como un homicidio culposo.
Oaxaca, segundo lugar nacional
De acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018, elaborado por Etellekt Consultores, una agencia especializada en análisis de riesgos, hasta el 8 de mayo Oaxaca acumulaba 16 asesinatos de políticos de septiembre a la fecha. Esta cifra colocaba a la entidad en el segundo lugar, sólo detrás de Guerrero que encabezaba la lista con 21 crímenes.
Además, el informe ubicaba a Oaxaca como la tercera entidad con más casos de violencia política, con un total de 31 agresiones directas en las que se cuentan no sólo asesinatos, sino también intimidaciones y amenazas, agresiones con armas de fuego, secuestros, agresiones físicas, asaltos con violencia y atentados contra familiares; 20 de estas agresiones en el estado fueron contra militantes opositores del PRI, partido gobernante, y 11 contra priístas.
En ese conteo Etellekt incluye además de las muertes nueve casos de intimidaciones y amenazas, un caso de agresión por arma de fuego, un herido por la misma causa, dos agresiones físicas y dos atentados contra familiares de políticos.
Un mes después, Oaxaca alcanzó la cifra de 21 políticos asesinados, sólo a tres víctimas de los 24 que registra Guerrero.
A los 16 nombres que incluía el informe al 8 de mayo hay que agregar cinco homicidios más de políticos hasta el 6 de junio, incluido el de Pamela Terán. De esos 21 políticos asesinados, siete eran del PRI, tres del Partido del Trabajo (PT), uno de Movimiento Ciudadano (MC), uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), seis eran de municipios que se rigen por usos y costumbres, y tres no tenían partido.
Además, se contabilizó una agresión con arma de fuego contra el edil de San Marcial Ozolotepec, Ramiro López, y la denuncia de la abanderada del PRI a la presidencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, Ave María Leyva, quien informó que balearon una de sus camionetas.
Trasiego de drogas, principal amenaza
En el caso de Oaxaca y Guerrero el estudio de Etellekt advierte que problemáticas como la producción y trasiego de amapola, así como el tráfico de precursores de drogas sintéticas y cocaína a través de puertos como Huatulco en Oaxaca y Acapulco en Guerrero, representan el mayor riesgo de seguridad que enfrentan las autoridades locales en ambos estados.
Ese contexto de violencia también es considerado por Jorge González Ilescas, presidente estatal del PRI, partido que acumula el mayor número de víctimas, como uno de los riesgos a los que están expuestos los candidatos; no obstante, afirma que el homicidio de políticos es multifactorial.
Aunque aceptó que existe temor de algunos contendientes a cargos de elección por estos crímenes, descartó que representen un riesgo para el proceso electoral y para la democracia, pero señaló que las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General, deben investigar cada uno de los crímenes y agresiones contra políticos para castigar a los responsables.
EL UNIVERSAL solicitó a la Fiscalía General información sobre el número de probables responsables del asesinato de políticos que han sido aprehendidos y vinculados a proceso, pero hasta el cierre de la edición no se recibió respuesta.
