Contraloría indaga irregularidades en obras de la presa Paso Ancho

La obra se encuentra detenida desde el año 2014, por lo que su costo se elevó de los 3,341 a los 5,500 mdp; la empresa responsable fue multada por la Semarnat
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Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
16/04/2018
08:50
Juan Carlos Zavala
Oaxaca de Juárez, Oax.
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La construcción de la presa Paso Ancho en la Sierra Sur de Oaxaca, detenida desde 2014, que representó una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos, y cuyo costo se calcula ya en 5 mil 500 millones, es investigada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad, debido a probables irregularidades.

Así lo confirmó el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Benjamín Hernández Ramírez, quien indica que la continuidad del proyecto dependerá del resultado de esas revisiones.

El funcionario estatal afirma que mientras no se concluyan las revisiones a la obra iniciada en el año 2011, durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, los trabajos continuarán parados.

“Nosotros estamos esperando que Contraloría termine algunas auditorías que empezó el año pasado. Como tal, nosotros no queremos meternos y decir si está bien hecho o no, hasta no saber que el expediente está bien”, apunta.

Hernández Ramírez  agrega que en cuanto se acaben las auditorías analizarán “si vale la pena o no continuar con el proyecto; pero no queremos continuar con algo que hasta el momento no sabemos cómo está de origen”.

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El costo de la sed

La presa Paso Ancho se planeó para proporcionar agua potable a la ciudad Oaxaca y a la zona conurbada, traída del río Atoyac, pero desde la región Sierra Sur, en los límites de Sola de Vega con San Vicente Coatlán.

Según el convenio de coordinación celebrado en 2011, entre el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la zona conurbada de la capital demandará hasta mil 500 litros por segundo en  los próximos 30 años. 

Este abastecimiento de agua  se lograría  teniendo como fuente  el río Atoyac, “aprovechable mediante la construcción de una presa de almacenamiento que garantice los caudales requeridos durante todo el año”. Para ello, se requería levantar una  presa de enrocamiento con cara de concreto de 75 metros de altura.

El costo incial se fijó, según  el convenio  con la Conagua, en 3 mil 341 millones de pesos: 941 millones por la presa de almacenamiento, mil 700 millones por un  acueducto y ramales de entrega y 700 millones por la “Mejora Integral de la Gestión”. Luego de siete años, el costo se elevó a 5 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con la CEA.

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Acumula irregularidades

La obra  ha sufrido varios contratiempos, uno de ellos es el conflicto agrario entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán, poblaciones que disputan la propiedad de 40 hectáreas de tierra, que divide precisamente el río Atoyac.

Este conflicto, reconoce el  titular de la CEA,  es uno de los factores principales que tienen parada la obra, pues además de disputarse los  terrenos donde pasa la presa,  varios municipios también reclaman la propiedad de las tierras por donde cruza el acueducto  y “hasta hay personas fallecidas por el tema de la propiedad de los terrenos”.

Pero no es la única causa. En abril de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera “total temporal” el proyecto hidráulico de la presa de Paso Ancho, por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la cual otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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Fue la  Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat la que  negó la autorización porque    el proyecto “Cortina Presa Paso Ancho” afectaba  1.0251 hectáreas,  y porque el Gobierno de Oaxaca “no presentó información técnica y documentación legal faltante”.  La empresa Tradeco Infraestructura —responsable de la obra— aceptó no tener permiso de uso de suelo  ni estudio de impacto ambiental, por lo cual le aplicaron multas por 350 mil y 300 mil pesos, respectivamente.

“Si surgen anomalías en las investigaciones o auditoría que realiza la Contraloría, la tenemos que parar en su totalidad hasta que no se solventen las irregularidades que surjan”, señala el titular de la CEA, Benjamín Hernández.

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