Asesinatos políticos en Oaxaca, sin relación con el proceso electoral: Fiscalía

Desde el inicio del actual proceso electoral --el pasado 7 de septiembre de 2017--, en Oaxaca fueron asesinados 23 políticos, dos de ellos candidatos y uno precandidato a un cargo de elección popular.

El número de homicidios colocó a la entidad como el segundo estado del país, después de Guerrero con 25, con mayor número de crímenes de políticos y como la primera con mayor violencia política además, por el número de agresiones y amenazas contra candidatos, según la empresa de análisis de riesgo Etellekt.

Sin embargo, para el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, la mayoría de estos homicidios no tienen relación alguna con el proceso electoral y responden a la diversa conflictividad social en el estado.

Sólo en dos casos, acepta, una de las líneas de investigación está relacionada con una causa política o por la disputa de algún cargo público: el de la candidata a Síndico de Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo de Tehuantepec, Pamela Terán Pineda, y el del expresidente municipal de Ejutla de Crespo, Francisco Hernández.

En ambos casos, otra de las líneas de investigación es por presuntas actividades con el crimen organizado o la venta de sustancias ilícitas.

El resto, declara, las causales o líneas de investigación van desde conflictos interpersonales, robos, consumo o ingesta de alcohol, disputas entre organizaciones de transportistas o sociales que operan en la zona donde se cometió el homicidio, intermunicipales o agrarios.

Del total de asesinatos de políticos, en dos casos hay personas vinculadas a proceso y en dos hay órdenes de aprehensión liberadas y se están en proceso de búsqueda de los probables responsables para su aprehensión.

De los 23 políticos asesinados en el estado durante los nueve meses del proceso electoral, siete eran políticos del PRI, tres del Partido del Trabajo (PT), uno de Movimiento Ciudadano (MC), uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocho eran de municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas o usos y costumbres, y tres sin partido político.

“No digo que no se hayan suscitado en este periodo (en el actual proceso electoral), lo que pienso es que la causa de la muerte es muy diversa en muchos casos a una causa de orden político.

“Yo no quiero descartar que estos homicidios se dan en este contexto. Lo que no comparto es que la mayoría de ellos tenga que ver con una razón política sobre todo relacionada con el tema electoral, con la ocupación de un puesto público, por la disputa sobre un puesto político”, sostiene.

Conflictividad social

El fiscal Rubén Vasconcelos advierte que además se debe contemplar la dinámica de la conflictividad social en Oaxaca y que durante muchos años ha llevado a la resolución violenta de los conflictos. Siempre hay y han existido, precisa, conflictos agrarios, sociales y políticos por la misma composición geográfica y política del estado.

“Por eso también pienso que la forma de medir y de definir conflictividad, violencia política, a veces no puede estar muy relacionada con la forma de medir violencia política en otros lugares. Porque por desgracia, en Oaxaca siempre se ha vivido una conflictividad política fuerte que deriva muchas veces en violencia y en homicidios”.

Lo importante de estos casos, insiste, es conocer la causal o que circunstancias se dieron para que se cometiera el homicidio: “No niego que por desgracia la resolución violenta de los conflictos está muy vigente en Oaxaca, lo que no encuentro en los homicidios, es esa comisión del asesinato en virtud de la disputa por el cargo público”.

Y esta complejidad, según declara, provoca que las regiones del estado tengan una dinámica diferente. Para él no se puede hablar de la misma manera de la región de la Sierra Norte donde el índice delictivo y violencia es bajo y se registran pocos homicidios casi no hay homicidio, a otras regiones como la Costa, el Istmo de Tehuantepec o la Cuenca del Papaloapam.

En el caso del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, en lo que va del año hay un incremento en el número homicidios en comparación con el mismo periodo de 2017, con un total de 73 homicidios.

“Lo que ha causado sobresalto y miedo en la región. Además, hay lugares donde la conflictividad social aunado al momento político y a la efervescencia política hace se genere un sentimiento de inseguridad y zozobra social y, sumado al crimen de Pamela Terán que pertenecía a una familia dedicada a muchas actividades el homicidio al mismo tiempo de la periodista María del Sol Cruz Jarquín, aumenta la sensación de inseguridad”.

Sobre la impunidad en los asesinatos políticos, Rubén Vasconcelos afirma que combatirla es el trabajo fundamental de la Fiscalía, más que la incidencia delictiva.

“Estamos trabajando para fortalecer nuestras capacidades técnicas, tecnológicas e institucionales para resolver los casos. Hemos aumentado el índice de asuntos judicializados en el caso de homicidios. Por ejemplo, ya tenemos alrededor del 30% de los asuntos de homicidios judicializados”, finaliza.