¿En qué falló la reforma educativa de Peña Nieto?

Los salones del Jardín de Niños Rosario Zapata son de lámina y se ubican sobre una pendiente que amenaza con desgajarse. En realidad, se trata de una extensión de esta escuela donde se atiende a 18 alumnos, de tres grados distintos, en el mismo salón.   Ubicada en la colonia El Manantial, del municipio de Zaachila, no cuenta con clave ni con escrituras del terreno. 

La precaridad en la educación no es  nueva en la entidad.  Con carencias y en deterioro se encuentran   70% de las 12 mil escuelas de educación básica del estado. Y a cinco años de su implementación, la reforma educativa, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, no cambió en mucho la situación en Oaxaca. 
 Promulgada en 2013, su principal objetivo era  impulsar una educación de calidad en México, algo que estuvo lejos de alcanzarse,  de acuerdo con  la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

Un  informe de este  órgano  que  evalúa a la reforma educativa, que recientemente quedó sepultada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, revela que si bien el tiempo de implementación fue insuficiente para ofrecer resultados, debido a que algunas disposiciones  se aplicaron apenas en 2018, en conjunto  no garantizó un cambio eficiente porque careció de elementos para atender las causas estructurales de la baja calidad de educación.

Entre los orígenes de la deficiente calidad destacan los docentes sin conocimientos idóneos, los planes y programas de estudio inadecuados, y las escuelas deterioradas, lo cual  buscaba combatir. No obstante,  se  careció de un diagnóstico confiable que dimensionara la problemática y que sirviera para la toma de decisiones para su atención, destaca la ASF.

A ello se sumó la resistencia del magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que logró que Oaxaca y la Ciudad de México fueran las dos únicas  entidades  donde no se armonizaron las leyes estatales con la  Ley General de Educación, principalmente  en materia de autonomía de gestión escolar.

De las 32 entidades federativas,  71.9% consideraron en sus respectivas leyes estatales educativas, en el proyecto de presupuesto, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas; mientras que  28.1%, que incluye a Oaxaca, no adicionó dicha obligación.

Respecto a  implementar programas para mejorar el servicio educativo en cada escuela, mientras  84.4% de estados lo tomó en cuenta en sus leyes locales, Oaxaca fue parte de un  15.6% que no lo hizo. También figura en   un  12.5% de las  entidades que no determinaron la obligación de destinar recursos para fortalecer la autonomía de gestión en los planteles; para el cumplimiento de la preparación y distribución de alimentos, la entidad sólo lo estableció para la educación inicial.

De la armonización de la ley general del servicio profesional docente con la normativa local, Oaxaca y la Ciudad de México también incumplieron, y de las 14 facultades sólo tomaron una, lo que incluyó   a estas dos entidades entre  un   11.1% de 18 estados que alinearon tal iniciativa de manera parcial.

Respecto a  la armonización de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con la normativa local, Oaxaca únicamente lo hizo de manera parcial al tomar en cuenta una de las siete facultades, lo que agrupó  al estado entre las 10 entidades que lo hicieron de esta forma y que significó un 40%.

Este incumplimiento llevó a Oaxaca a ser uno de los ocho estados del país contra los cuales  se promovieron controversias constitucionales por incumplir con la armonización de las leyes de educación estatales y  las leyes General de Educación, la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Las otras  entidades fueron Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas.

Enfoque de recursos
En números, la reforma educativa del expresidente Peña Nieto tampoco garantizó una inversión significativa para el mejoramiento de los programas de estudio y de las escuelas a nivel nacional, a pesar de que de 2013 a 2017 el presupuesto público ejercido en educación del nivel básico tuvo un incremento de 7.8%, al pasar de 384 mil 714.3 a 414 mil 827.4 millones de pesos.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que casi 90%  de los recursos fueron  destinados al pago de docentes. Tan sólo al cierre de 2017,  un  87.7% (363 mil 660.7 millones de pesos) del presupuesto de educación básica se ejerció en el componente de docentes; un  8.3% (34 mil 569.3 millones de pesos), en el de gestión escolar; un  2.5% (10 mil 547.4 millones de pesos), en el de infraestructura y equipamiento; un  1.2% (5 mil 110.7 millones de pesos), para  planes y programas de estudio, y un 0.2% (939.3 millones de pesos), en el de evaluación.

Estos datos muestran que 97.5% de los recursos se destinaron a gasto corriente y sólo se dispuso de 2.5% para gasto de inversión, cifra inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que para primaria fue de 8.2% y para secundaria, de 7.4%, según la ASF.
La reforma educativa de Peña Nieto, hoy sustituida por la de López Obrador, surgió luego de que en 2012 se registrara un abandono escolar de 5.1% en el país,   que sólo  85% de estudiantes lograra concluir la escuela del nivel básico, de que México ocupara el lugar 53 de los 65 países evaluados en la prueba PISA y de que  48.6% de alumnos evaluados en la prueba ENLACE en matemáticas y un  37.9% en español mostraron un nivel de conocimiento insuficiente.