UABJO enfrenta deuda de 50 mdp por 800 demandas laborales
Sólo en 2017, la institución pagó casi 11 mdp por este concepto; ahora carece del subsidio que daba la Federación
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) enfrenta más de 800 demandas de ex trabajadores y, pese a la crisis financiera que atraviesa, tendrá que pagar dichos laudos laborales por sentencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
Ante la imposibilidad de responder a estas demandas, la universidad sufrió recientemente el embargo de cuentas bancarias en las que se deposita la nómina de los empleados.
Tan sólo en 2017, la UABJO pagó 10 millones 983 mil pesos por 14 laudos laborales, según el informe de la aplicación del Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales.
La situación se complica este año porque la Federación, en el Presupuesto de Egresos 2018, eliminó este subsidio que ayudaba a las universidades del país a cubrir adeudos, pasivos y liquidaciones. En el caso de Oaxaca, esto significó perder 76 millones de pesos, de acuerdo con el rector Eduardo Bautista Martínez.
Demandas rezagadas
El abogado General de la UABJO, Héctor López Sánchez, asegura que en su mayoría los más de 800 laudos laborales que enfrentan se arrastran desde hace 15 años y constituyen parte del pasivo de la UABJO, que sólo por este concepto es de 50 millones de pesos.
El abogado insiste en que estos laudos son parte de un problema estructural que tienen las universidades públicas del país, razón por la que se les asignaban fondos extraordinarios, pero al no contar con ellos se “está llevando al ahogamiento financiero de la universidad”.
La situación es tal, explica, que en el caso de Oaxaca “en promedio llegan de tres a cinco laudos por semana”, principalmente de “empleados de confianza”, provenientes de alguno de los seis sindicatos activos de la universidad.
“Los trabajadores plantean diferentes demandas por pago de diferencias laborales, por reconocimiento de antigüedad, por el pago de jubilaciones, o despidos injustificados”, precisa.
La diferencia con años anteriores, explica el abogado, es que ahora la universidad enfrenta embargos de cuentas bancarias, ante la imposibilidad financiera para dar respuesta a las resoluciones, que están obligadas a pagar no sólo por la JLCyA sino también por autoridades federales.
Controversia
A esta presión jurídica se suma otro factor: las cuentas congeladas de la UABJO son las mismas en las que se deposita el dinero para el pago de salarios de todos los trabajadores, por lo que López Sánchez asegura que los embargos de la JLCyA y otras autoridades jurisdiccionales, para obligar el pago del laudo, son ilegales.
“Constitucionalmente, y de acuerdo a lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo, no pueden afectarse los salarios de los trabajadores. Efectivamente, pueden ocurrir embargos, pero cuando se trata sólo de la demanda de pagos de alimentos, si es una demanda civil o mercantil. Hoy en día, a través de estos embargos están afectando salarios”, sostiene.
Por esa razón, la universidad interpuso una queja contra la JLCyA y ante diferentes instancias del gobierno estatal y del Poder Judicial de la Federación (PJF), al considerar que se trata de un “abuso de autoridad”.
Víctor Alberto Quiroz Arellanes, presidente de la JLCyA, niega los señalamientos del abogado general de la UABJO, pero confirma que la universidad interpuso un amparo ante los tribunales colegiados en materia laboral y administrativa.
Señala que en un laudo laboral se requiere al patrón que realice el pago al trabajador que demanda; sin embargo, en muchas ocasiones la parte patronal no cumple y entonces se inicia un procedimiento para su ejecución, recurriendo al embargo, ya sea de bienes o cuentas bancarias.
Ya en estas instancias, dice, es derecho del trabajador exigir el aseguramiento de cuentas bancarias y es a él a quien corresponde señalar el número, y por tanto la JLCyA ignora su naturaleza, pues no tiene acceso a la administración del patrón, en este caso de la UABJO.
Según Quiroz Arellanes, son más de 50 las demandas laborales que actualmente se dirimen en la Junta.
