“Sí se estancó combate a la corrupción”

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Encabezada por Jorge Emilio Iruegas Álvarez, el próximo 9 de junio la Fiscalía Anticorrupción cumplirá su primer año de operaciones en medio de críticas  de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), María Isabel Chagoya Méndez, quien cuestiona los procesos penales que se siguen contra ex funcionarios.

A ello, se sumó el cambio, por segunda ocasión, en la medida cautelar a favor de Gerardo Cajiga Estrada —titular de la Secretaría de Finanzas en el sexenio anterior, quien está imputado por el delito de peculado por 100 millones de pesos—, que por el momento lo libra de la prisión.

Como respuesta, Iruegas Álvarez defiende el trabajo realizado por la  dependencia, aunque reconoce  que está limitado por no contar con una asignación presupuestal porque “vive de prestado” de la Fiscalía General del Estado. Esa es la razón, expone, de que se haya estancado el inicio trepidante de la fiscalía, que llevó a la aprehensión de cuatro ex secretarios  de Gabino Cué.

Cuestionan penas

Recientemente la presidenta del Comité Ciudadano del CEA afirmó públicamente  que por “errores” en el Código Penal de Oaxaca, los ex funcionarios procesados por peculado y enriquecimiento ilícito podrían ser absueltos y quedar en libertad, pues   no hay  cómo  sancionarlos ni   una ley  que permita  recuperar el dinero “de los oaxaqueños”.

También señaló que el peculado y el enriquecimiento ilícito son delitos menores, y no ameritan pena privativa de libertad.

En respuesta, el fiscal asegura que aún cuando la crítica es libre, considera “desafortunado”  que “se digan mentiras”. Explica que los cuatro ex secretarios de Cué,     Germán Tenorio, de Salud; Gerardo Cajiga y Enrique Arnaud,  de Finanzas, y Carlos Moreno, de Transporte, siguen bajo proceso penal acusados de abuso de autoridad, peculado y tráfico de concesiones, respectivamente.

Además, dice que el cambio en la medida cautelar no significa la absolución de Cajiga Estrada, sólo que el juez consideró que ya no existe riesgo que pueda fugarse o que su  libertad obstruya las investigaciones, asegura.

Sobre los “errores” que Chagoya Méndez identifica en el código penal que permitirían que los ex  funcionarios  quedaran libres, asegura que delitos como    abuso de autoridad, peculado y tráfico de concesiones sí contemplan la privación de la libertad, hasta 14 años en los dos primeros y hasta 10 en el caso del tráfico de concesiones; en el caso de enriquecimiento ilícito explica que no se ha procesado a ningún ex funcionario por ese delito. 

Respecto a la recuperación del dinero que fue desviado,  el fiscal explica que aún cuando en el Código Penal sí se contempla la extinción de dominio  para estos delitos,  eso no significa  que no se pueda recuperar.

“¿Cuándo se puede recuperar por regla general el dinero?, cuando se dicte sentencia. Ahí se incorpora la parte de daño al erario y reparación del daño. La diferencia es que con la extinción de dominio no tendríamos que esperar hasta la sentencia”.

Iruegas Álvarez acepta que el trabajo de la fiscalía se ha estancado,  lo que atribuye a la ausencia de autonomía financiera  y la falta de personal de confianza que garantice el sigilo de las investigaciones: “No cuestionó al personal, pero es el mismo  que laboraba en administraciones anteriores. No pretendamos resultados distintos haciendo lo mismo”, asevera.