En Oaxaca, nadie garantiza los derechos lingüísticos

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A Bonifacio, un indígena mazateco, lo encarcelaron por no hablar  español. Una mañana del 2005  Bonifacio salió de su casa para recolectar leña. Al regreso, uno de sus vecinos le pidió ayuda para cargar dos costales con su mula; Bonifacio lo ayudó. De pronto aparecieron policías y se lo llevaron detenido acusado de delitos contra la salud. Sin entender de que se le acusaba, se le dictó auto de formal prisión.

Carlos Morales Sánchez, presidente de la asociación Litio Estratégico Indígena (LEI) fue quien llevó la defensa de Bonifacio. Recuerda que el principal obstáculo era que el mazateco no conocía palabra alguna del español; 13 años después, las cosas no han cambiado y las lenguas indígenas (11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes), siguen limitadas al ámbito privado y excluidas de las instituciones y hasta   de los espacios públicos.

“En México todas las lenguas están en peligro de extinción porque se limita su uso a un ámbito privado, personal. Difícilmente nos sentimos cómodos o seguros de utilizarlas en los espacios públicos y difícilmente vamos a una institución a pedir un servicio  en nuestras lenguas”, asegura Edith Matías Juan, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).

Esta naturaleza “privada” de las lenguas indígenas es una de las razones de que 60% de ellas se encuentren en riesgo,  según  el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), pero también es la causa de que se violenten derechos de sus hablantes y se les obstaculice el acceso a la justicia.

La especialista explica  que en México existen  leyes que garantizan los derechos lingüísticos de la población indígena, y una ley general que ubica a estas lenguas en  igualdad frente al español; en otras palabras,  pueden ser usadas en todos los ámbitos de la vida, pública y privada. Nada de eso sucede en la  realidad.

“Si un hablante zapoteco llega a un hospital y requiere atención médica en su lengua, difícilmente la institución está preparada para garantizar ese derecho. No cuentan con intérpretes o traductores y se limita lo que dice la ley. Entonces, ya no puedo usar mi lengua en todos los ámbitos”, explica la especialista.

Acceso a la justicia

El acceso a la justicia es uno de los ámbitos  donde más se visibiliza la violación a los derechos lingüísticos. La coordinadora de  investigación de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), Adriana Aguilar Arias, dice que un estudio de noviembre de 2017 reveló que sólo 60% de los indígenas presos en Oaxaca contó con intérprete y  sólo  54%  comprendió lo que se les tradujo. A penas la mitad supo por qué estaba preso.  

La investigación arrojó  que en el país existen sólo  652 intérpretes-traductores, en comparación con los  7 mil 400 indígenas privados de libertad  hasta mayo de 2017. “Evidentemente, el número de intérpretes traductores que existe en el país y en el padrón es totalmente insuficiente”, dice  Aguilar Arias, de AsiLegal.

Explica que esta  falta de intérpretes los deja en una situación de indefensión e implica que sean víctimas de discriminación durante todo el proceso judicial, pues al no comprender  lo que está pasando   no tienen garantizado el acceso a la justicia.

INALI incumple difusión de la reforma

El contexto de discriminación  es tal que a 17 años de la reforma constitucional indígena de 2001 el INALI no ha cumplido con su deber  constitucional de traducir y difundir la  reforma entre  pueblos y comunidades; sólo presentó una traducción que no contó con el aval de los hablantes y no acudió a las comunidades a difundir la traducción.

 Ante dicha omisión, Carlos Morales Sánchez, con su asociación LEI, ha promovido juicios de amparo para obligar a las autoridades a traducir la reforma constitucional indígena e  informar a las comunidades cuáles son sus derechos para que puedan ejercerlos plenamente.

Como resultado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ha concedido varios amparos, uno de ellos  en  junio de 2016, en el cual   ordenó al titular del Poder Ejecutivo traducir y difundir eficazmente la reforma  indígena a la lengua mixe de Puxmetacán. La tarea fue encomendada de nuevo al INALI.

Según  Adriana Aguilar, una de las obligaciones de esta institución es garantizar el acceso a la justicia de los indígenas en un proceso; sin embargo, el INALI no ha cumplido siquiera con hacer público el padrón de intérpretes y traductores.

Edith Matías, de Cepiadet, apunta que la negativa nace de  un asunto de recursos, pues el Estado mexicano no cuenta con presupuesto ni infraestructura. Por ejemplo, menciona, el costo promedio de un traductor durante todo un juicio es de 40 mil pesos y sólo para cubrir la demanda en el ámbito de la justicia en Oaxaca  se requieren unos 15 millones de pesos anuales.

“Es un tema de prioridades. Para la clase política es más importante pagar publicidad oficial que pagar a un intérprete que traduzca en un hospital o en un juzgado. Es el racismo y clasismo y que permea en toda la sociedad”, sostiene.

Adriana Aguilar dice que otras  instituciones, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), también   enfrentan  la falta de recursos.

“CDI tiene un programa para brindar apoyos a intérpretes traductores, y consiste en un salario por la asistencia que brindan y también apoyo con sus traslados. Sin embargo, lo que ellos nos comentan es que el recurso que tienen es muy limitado, pese a que es una obligación constitucional”.

La suma de estas situaciones, dicen las expertas,  abona al riesgo de extinción de las lenguas, que no se trata de un proceso natural o de evolución, sino de una política pública de homogeneización del Estado. Es decir,  “mantener la diversidad le sale más caro que exterminarla” y por eso se ha insertado la idea de que hablar español es “progresar” y hablar una lengua indígena representa rezago.