Consultas indígenas, sin regulación en leyes mexicanas

A más de cuatro años de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el que el gobierno mexicano se comprometió a consultar a los pueblos indígenas sobre el desarrollo de proyectos en sus territorios, hasta ahora no se ha adecuado la legislación al respecto y sólo en Oaxaca, con más del 30 por ciento de población indígena, han sido ejecutados 66 megaproyectos que impactaron a pueblos originarios sin que mediara ninguna consulta.

Entre dichas obras que no fueron puestas a consideración se incluyen 23 parques eólicos, 41 proyectos mineros y dos supercarreteras de la capital a la Costa y al Istmo de Tehuantepec.

Además, en el estado existen otras obras que requieren de consenso con los pueblos originarios, como la instalación de plantas hidroeléctricas en Paso de la Reina, en la Costa, y la construcción de parques eólicos con una inversión de seis mil millones de dólares. A nivel nacional son al menos 26 proyectos en espera de realizar consultas para poder avanzar y cinco fueron suspendidos, de acuerdo con la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Carlos Beas, líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), señala que también debe incluirse en la lista uno de los proyectos insignes del nuevo gobierno federal: la modernización del tren transístimico, que corre de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

Urge legislación

La ratificación del convenio de la OIT se dio en noviembre de 2014 y desde entonces no existe ley alguna que regule la figura de la consulta, admite Eufrosina Cruz Mendoza, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno oaxaqueño.

Lo anterior es grave, dice, si se considera que “es necesario que todos los megaproyectos sean acordados con las comunidades”.

De acuerdo con el Manuel García Corpus, del PRD, no hay ninguna ley que regule las consultas indígenas y será posiblemente hasta abril que los legisladores discutan la iniciativa que presentó sobre el tema, con la que busca principalmente regular la operación de las empresas mineras que tienen concesiones en 90 municipios oaxaqueños y que, por su proceso de extracción de oro y plata, mantienen confrontado a las comunidades y contaminado el aire, las tierras y el agua.

La única consulta realizada después de la ratificación del convenio fue en Juchitán, en 2014, tras la aprobación de la reforma energética. El ejercicio fue favorable para la empresa Eólica del Sur, que buscaba construir un desarrollo. El resultado llegó a los tribunales porque la comunidad zapoteca denunció que la consulta no fue libre, ni previa ni informada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el procedimiento por el que se había autorizado la construcción del parque eólico.

Para Fernando Mimiaga Sosa, socio de la Fundación para el Desarrollo del Corredor Eólico del Istmo y de las Energías Renovables, la importancia de que las consultas se legislen a nivel nacional radica en que Oaxaca, por ejemplo, tiene recursos naturales para apostar a los grandes proyectos de generación de energías renovables pero con el consenso de los pueblos.

Se requieren garantías

Consultado por EL UNIVERSAL, Adelfo Regino Montes, titular del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, considera que todos los megaproyectos deben ser consultados de acuerdo con los protocolos que establece el Convenio 169 de la OIT, es decir, que las comunidades puedan decidir sobre sus territorios mediante las consultas “que sean libres, previas, informadas, culturalmente adecuada y de buena fe”.

“Sí, hay que pedirle permiso a la madre tierra, pero también es importante escuchar la voz de los indígenas, asegura el funcionario federal.

Respecto a la modernización del tren transístmico, que tiene una asignación presupuestal de 900 millones de pesos, 200 millones de pesos menos de lo que anunció en Juchitán el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira de agradecimiento, en septiembre pasado, Regino Montes recordó que la línea ferroviaria ya opera y cuenta con su derecho de vía, por lo que considera que no habrá mayores daños por el proyecto.

Para el coordinador del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, dicha visión es simplista y alerta que el plan interoceánico “va más allá de un trenecito, porque partirá en dos el país y se entregará el territorio del Istmo” a compañías extranjeras que quieran aprovechar la posición geoestratégica del Istmo para abrir un canal seco para el transporte de mercancía.

La alerta de García Aguirre se fundamenta en la carta que el presidente López Obrador envió a Donald Trump, el 12 de julio de este año, en el que se precisa que se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec y se destaca que en esa franja “se aprovecharán los recursos naturales de la región, como agua, viento, gas, petróleo y electricidad” de la región.

El documento también señala que “se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros”, con beneficios fiscales, pues “toda esta franja del Istmo se convertirá en zona libre o franja”, señala López Obrador en la misiva.

Aunque en la carta se asegura que “no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y propietarios de las tierras”, pues serán consultados, García Aguirre asegura que se trata de una copia del Tratado McLane-Ocampo, firmado en 1859 por el gobierno de Benito Juárez y por ello considera que en el caso del proyecto interoceánico del Istmo no bastan una consulta con los protocolos de la OIT, sino que es necesario que se someta a referéndum nacional.