Pese a resolución judicial, autoridades se resisten a sanear dos ríos en Oaxaca
Aunque la Suprema Corte determinó que se atienda la grave contaminación del Atoyac y el Salado, interpusieron recurso contra la sentencia
La sentencia que dictó el Poder Judicial que ordena el saneamiento y rescate de los ríos Atoyac y Salado, en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, se topó con resistencia de autoridades municipales, estatales y federales para acatarla.
El gobierno estatal, a través de su Consejería Jurídica; el ex edil de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas; el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpusieron un recurso de revisión para inconformarse y oponerse a la resolución del jueza del Juzgado Primero de Distrito en la entidad.
Carlos Morales Sánchez, presidente de la asociación Litigio Estratégico Indígena y quien interpuso los amparos para demandar el rescate de los dos ríos contaminados, explica que actualmente el recurso de revisión interpuesto por las autoridades se encuentra en trámite en un Tribunal Colegiado Auxiliar de Acapulco, Guerrero.
Fue en 2014 cuando esta asociación interpuso una serie de amparos ante el Poder Judicial de la Federación para exigir el saneamiento y rescate de ambos cauces. En 2018, después de cuatro años de lucha, se obtuvo una sentencia a su favor; lo que no esperaban era la resistencia del Estado.
“Ha sido una larga lucha. Primero porque los jueces ni siquiera admitían nuestras demanda. Tuvimos que acudir una y otra vez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que nos concedió la razón y ordenó a los jueces federales de Oaxaca que admitieran nuestros juicios de amparo para la protección del medio ambiente”, relata el abogado.
Que la resolución les fuera favorable fue motivo de júbilo, no sólo por lo que significaba para el rescate de dos de los principales ríos del estado, sino porque era la primera vez en el país que se utilizaba un amparo para demandar que se hicieran efectivos derechos de naturaleza social.
La inconformidad
Cuando las autoridades de los tres niveles se inconformaron con la sentencia que los obligaba a sanear los ríos, lo hicieron porque aseguraron que ya se estaban realizando acciones para rescatarlos y que, por tanto, no deberían recibir esa sentencia. La excepción fue Hernández Fraguas, el ex edil priísta de la capital, quien argumentó que los ríos no estaban contaminados.
“Es mentira. Se han hecho acciones de papel, actas, declaraciones, pero no acciones reales para salvar a los ríos. Siguen estando en situación crítica y con alto grado de contaminación, con químicos, basura, animales muertos, fauna nociva”, sostiene Carlos Morales.
Los integrantes de Litigio Estratégico Indígena, detalla, no se esperaban esta respuesta. Creían que las autoridades utilizarían la sentencia para exigir a las instancias correspondientes asignación de recursos públicos que permitieran el rescate de los ríos.
“Pero no lo hicieron así, lo cual me causa mucha preocupación porque es precisamente la inacción de las autoridades de Oaxaca, de la federación y de los municipios, la que complica la situación de los ríos”, recalca.
Carlos Morales estima que será en tres meses cuando el Tribunal Colegiado Auxiliar resuelva el recurso de revisión interpuesto por las autoridades y confía que se confirme la sentencia.
“No es un tema sencillo y es la primera vez en México que se plantea un litigio de esta naturaleza... por lo tanto, no esperamos que esto sea solucionado de manera pronta. Tendrá que ser un proceso largo, lento, en el cual tendrá que estar involucrada la ciudadanía”, explica.
De ser favorable la resolución para la asociación, lo siguiente será darle cumplimiento a la sentencia e iniciar con el saneamiento de los ríos. Primero, deberá elaborarse un proyecto integral de salvación de los cauces. Cuando se haya generado, se iniciarán los trabajos para su ejecución material y ahí, dice, la ciudadanía debe ser la vigilante.
Posteriormente, se tendrían que realizar reuniones bajo la vigilancia del Poder Judicial de la Federación, que tendrá que dar seguimiento a la ejecución de la sentencia. “Ni los abogados, ni los jueces somos especialistas en métodos para la protección de los ríos. Tendrán que venir técnicos, expertos, universidades, la sociedad civil. Requeriríamos entonces su intervención”, finaliza.
