“Tribunal popular” exige cancelación de la actividad minera en Oaxaca

El “Tribunal popular”, creado y organizado por 23 agrupaciones de la sociedad civil, exigió la cancelación de proyectos mineros y explotación minera en el estado de Oaxaca, así como la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros.

Al término del juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras, el cual tuvo el objetivo de visibilizar y denunciar la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas, ocasionadas por la imposición de este tipo de concesiones y proyectos, también demandó respetar la autonomía de los pueblos y derogación de la Ley Minera.

Durante el acto realizado en la Alameda de León de la ciudad de Oaxaca, exigió además, garantizar condiciones de seguridad para quienes defienden el territorio indígena, detener la política de criminalización contra los opositores a estos proyectos extractivos, entregar información oportuna a las comunidades y pueblos indígenas, cumplir las recomendaciones de mecanismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de defensores de derechos humanos.

En el juicio, según se informó, se presentaron 22 casos de proyectos mineros en comunidades de las regiones Valles Centrales, Sierra Sur y Norte, Cañada, Mixteca e Istmo de Tehuantepec y un total de 11 denuncias.

El “jurado popular” resolvió que el Estado mexicano es responsable de la violación sistemática a diversos derechos humanos, por la imposición de proyectos mineros; actualmente, dijo, se han entregado más 24 mil 700 concesiones que representan más de 20 millones hectáreas del territorio mexicano. De 950 proyectos mineros en 2017, reveló, el 65 por ciento es de empresas canadienses, 13% de estadounidenses y 9% de empresas mexicanas.

De acuerdo con el “tribunal popular” el Estado mexicano es responsable de la violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, del derecho a la integridad cultural y a la propiedad colectiva de territorios y recursos naturales; también es responsable de no entregar información sobre los proyectos o hacerlo de manera incompleta y fraudulenta.