Sueldos en Comisión de la Verdad, también fueron gastos en investigación: Osorno
Para la operación de esta comisión, los diputados locales les asignaron un presupuesto de 18 millones 173 mil pesos
El periodista Diego Osorno aseguró que el pago de salarios en la Comisión de la Verdad también formó parte de los gastos en los trabajos de investigación en torno a los hechos de 2006 y 2007 en el estado de Oaxaca.
“El gasto que se hizo de toda la Comisión era para investigar, todos los sueldos que se mencionan son parte de los trabajos de investigación: hay abogados, siquiatras, sociólogos. Toda la gente que trabajó en la comisión investigaba. No es que sólo se dedicaran 500 mil pesos a gastos de investigación. Los sueldos que se destinaron fueron dedicados a la investigación”, recalcó en entrevista vía telefónica.
La Comisión de la Verdad fue creada por los diputados de la 60 Legislatura del Congreso del Estado para investigar los hechos ocurridos en la entidad en el año 2006, derivado de un conflicto laboral con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que posteriormente tuvo matices sociales y políticos durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.
Para la operación de esta comisión, los diputados locales les asignaron un presupuesto de 18 millones 173 mil pesos, el cual se ejecutó de los meses de septiembre de 2014 a febrero de 2016.
La nueva institución pública estuvo conformada por el sacerdote Alejandro Solalinde, el periodista Diego Osorno González, la ciudadana Marina Patricia Jiménez Ramírez --quienes fungieron como comisionados-- y María Eugenia Mata García, que tuvo el cargo de Secretaría Ejecutiva, quienes percibieron un salario mensual de 42 mil 102 pesos, conformada por “compensación fija garantizada”, “previsión social múltiple” y “remuneración al desempeño laboral”.
Diego Osorno agregó además, que el informe presentado por la Comisión de la Verdad cuenta con los elementos suficientes para que cualquier gobernador de Oaxaca investigue los crímenes que se cometieron en el 2006 y 2007 e incluso, para iniciar una acción judicial.
“Estas páginas describen los nombres, los métodos, los planes y los grupos de poder que cometieron la represión ilegal en el 2006 y en el 2007. Lo valioso del documento es que es un documento oficial, era una instancia oficial que estaba mandatada incluso para investigar crímenes de lesa humanidad aunque en su momento no se le dieron atribuciones vinculantes”, explicó.
El periodista apuntó que pese a las limitantes que tuvieron, el informe es importante y se entregó de manera oficial al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Insistió en que tiene una validez oficial y permite que en un futuro “cuando haya gobiernos realmente con ánimos de hacer justicia”, puedan actuar y “no digan que no pueden hacerlo porque no hay un documento oficial que les dé el sustento”.
Finalmente, agregó que el presupuesto de la Comisión de la Verdad fue recortado y desde las mismas instancias oficiales no se permitió que el informe se difundiera, se presentara, y que la Comisión continuara con su trabajo.
