Presentan queja en la DDHPO por retención de dos mujeres en San Juan Mazatlán Mixe

Desde hace más de una semana, María Jerónimo Méndez, actuaria del Juzgado Mixto de María Lombardo, y su asistente la meritoria Verónica Martínez, fueron retenidas y se mantienen privadas de su libertad

Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL
Estatal 14/09/2018 13:20 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 13:20

El abogado Pedro Sosa Gutiérrez presentó hoy una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) contra la omisión de las autoridades estatales en la privación ilegal de la libertad y/o secuestro de dos mujeres --que junto con otras cuatro personas-- se encuentran retenidas en San Juan Mazatlán Mixe.

La queja es contra funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, por su omisión para lograr la liberación de estas personas retenidas desde hace ocho días por un grupo de pobladores de esa comunidad.

Desde hace más de una semana, María Jerónimo Méndez, actuaria del Juzgado Mixto de María Lombardo, y su asistente la meritoria Verónica Martínez, fueron retenidas y se mantienen privadas de su libertad junto con dos funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, un servidor público al parecer trabajador de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y un taxista, que ya fue liberado.

 
Los responsables de la retención son un grupo político de San Juan Mazatlán Mixe, opositores al presidente municipal Macario Eleuterio Jiménez; el secuestro de estas personas se debe al conflicto poselectoral y al reclamo de las participaciones o recursos públicos que corresponden a las agencias municipales.

Pedro Sosa dijo que la queja ante la DDHPO es para que se emitan las medidas cautelares a favor de María Jerónimo y Verónica Martínez, y obligar a las dependencias señaladas a actuar de manera inmediata y liberarlas.

Según declaró, desde el momento en que se conoció de la privación ilegal de la libertad, la Fiscalía General del Estado debió abrir de oficio carpetas de investigación contra los responsables, la Secretaría General de Gobierno por la vía política llamar a las partes, el Tribunal Superior de Justicia debió pronunciarse y la Secretaría de Seguridad Pública, actuar para lograr su liberación. A cerca de 15 días de la retención o secuestro, dijo, todas estas dependencias han sido omisas en su actuar.

Hasta el momento, lo que saben de ambas mujeres es que se encuentran recluidas en un cuarto, no reciben alimentación, sufren hostigamiento y viven en condiciones insalubres.

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