Oaxaca con mejora de 8% en paz social

En  2017, Oaxaca registró una tasa de 770 delitos por cada 100 mil habitantes, con lo que se ubicó como la séptima entidad con la menor incidencia delictiva del país.

Asimismo, en cuanto al Índice de Paz México, que identifica las tendencias clave y los patrones que influyen en la paz social, entre 2016 y 2017 Oaxaca tuvo una mejora de  8%,  por lo que se   colocó en el lugar 12 a nivel nacional.

Lo anterior, de acuerdo con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, durante su reciente participación en la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Dijo   que  su gobierno seguirá trabajando de manera coordinada con la Federación, a fin de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y, con ello,  “garantizar la seguridad, legalidad e impartición de justicia en México”.

En Oaxaca, detalló,  se trabaja también con los organismos de derechos humanos y de la sociedad para crear un gran frente contra la criminalidad.

Ante el encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, el gobernador convocó a los procuradores y fiscales del país a redoblar esfuerzos, fomentar la cultura de la denuncia y, sobre todo, apuntalar los valores de la justicia y apego a la legalidad.

“Debemos enfrentar a aquellos que laceran a la sociedad,  con toda la fuerza del Estado, así lo estamos haciendo en Oaxaca y en todo el país, encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto, porque es una tarea permanente, porque la seguridad y los valores de justicia son el deber, la responsabilidad y la obligación del Estado mexicano”, aseveró.

Expresó que es imperativo impulsar modelos de justicia y seguridad que estén a la altura de los grandes retos del México actual, donde los flagelos del narcotráfico, la trata de personas y el feminicidio dejen de debilitar la confianza hacia las instituciones.

Para ello, los órganos de seguridad e impartición de justicia deben regirse por una sólida ética de servicio,  contar con mejor entrenamiento y  equipamiento,  para responder con rapidez y eficacia.

 “El reto común es fortalecer los instrumentos de justicia a nivel nacional y erradicar prácticas obsoletas que dificultan la supremacía de los principios jurídicos y el debido proceso”, remarcó.