Sin avances, investigaciones contra policías que participaron en caso Nochixtlán

La organización Código DH informó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado a conocer los avances en las investigaciones contra los policías federales y estatales que participaron en el desalojo violento de simpatizantes y profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.

A fines de 2017, la PGR aceptó abrir tres carpetas de investigación contra los miembros de las fuerzas estatales y federales, pero a dos años de los hechos, no hay avance en las investigaciones ni reporte de castigo a alguno de los policías.

En el “Operativo Oaxaca”, realizado el 19 de junio de 2016, fueron asesinadas ocho personas civiles con el uso de armas de fuego y presuntamente a manos de policías federales y estatales, además más de 150 resultaron heridas, 84 por arma de fuego y las afectaciones continúan.

“Recordamos también que un grupo de 19 habitantes de Nochixtlán que, mientras enterraban a un familiar y amigo, fueron detenidos arbitrariamente por la policía estatal y federal, privados de su libertad, torturados, y liberados el 21 de junio”, agregó la asociación civil.

Según Código DH, el municipio de Asunción Nochixtlán vive una fractura en su tejido social, pero al mismo tiempo, se niega a construir desde el olvido, la impunidad y el silencio. “Aún es posible ver carros y camiones quemados, si bien algunos fueron retirados, otros siguen allí como mudos testigos del ataque. En tanto los responsables continúan en la impunidad”.

Además de las investigaciones de la PGR, señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 7VG/2017 “Sobre violaciones graves a derechos humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el estado de Oaxaca”, de fecha 17 de octubre de 2017.

La cual, añadió, aun siendo duramente criticada por las víctimas y organizaciones acompañantes por su limitado alcance, ha sido ignorada por las autoridades.

“Hasta el momento, no hay evidencia de que el Gobierno del Estado de Oaxaca, la autoridad municipal de Asunción Nochixtlán; la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, hayan realizado acciones encaminadas a la reparación del daño, como lo señala el apartado XI ‘Recomendaciones’”.

Esta falta de cumplimiento deja entrever de parte de los servidores públicos titulares de las instituciones antes mencionadas, la poca o nula voluntad en dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH, agregó.

Entre las principales omisiones que Código DH ha detectado, se encuentran la inexistencia del “Plan Integral de Reparación Social” con miras a restablecer el tejido social y reparar el daño a nivel colectivo; tampoco se ha ofrecido por parte del Gobernador del Estado de Oaxaca una disculpa pública a las víctimas y sus familiares, entre otros incumplimientos más.

Elaborar este plan es responsabilidad conjunta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; la Secretaría de Salud Federal y el Honorable Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, expuso.

La organización sostuvo que ante las evidentes omisiones por parte del Estado en sus tres niveles de gobierno; de los órganos encargados de impartición de justicia Federal y local, se puede afirmar que a dos años de los hechos, se siguen vulnerado los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, incluyendo tanto a las victimas asociadas en el Comité de Víctimas como a los 19 detenidos y torturados.

“Ninguna de estas personas ni sus familiares han tenido un pleno acceso a la justicia, a la atención de su salud y no ha habido acciones para reparar el daño de manera integral que sufrieron directamente de la represión ocurrida hace dos años.

“Estas omisiones dejan un mensaje de terror e impunidad, nos dice que los cuerpos policíacos estatales y federales pueden disparar, detener arbitrariamente y torturar a personas indiscriminadamente y sin consecuencias”, finaliza.