Sin sentencia, casi 500 indígenas presos en Oaxaca
No hay protocolos y tampoco traductores, acusa ONG; organización reporta 3 mil 368 reos de pueblos originarios
Gonzalo es un indígena mixteco de 72 años, está preso en el Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León. Cuando fue detenido, los policías que lo abordaron le informaron que tenía una orden de aprehensión que nunca le fue mostrada, tampoco se le dijo cuál era el delito del que se le acusaba, ni el motivo de su arresto.
Gonzalo no habla español y días después se enteró por los abogados que estaba acusado de violación, delito del que se dice inocente, pero que nadie le ha ayudado a demostrarlo. Hasta ahora, tampoco ha contado con algún intérprete o traductor.
Tampoco las personas que lo acusan de violación se han presentado a declarar y él no tiene testigos que puedan declarar a su favor; mientras, continúa en la cárcel. Según la organización AsiLegal, hasta junio de 2018, 458 indígenas en cárceles de Oaxaca se encontraban sin recibir sentencia.
En su último informe, presentado el 19 de septiembre, la organización señala que en Oaxaca hay 3 mil 368 personas privadas de la libertad; 95.5% corresponde a población varonil (3 mil 368) y 4.5%, a femenil (158).
De todos los de presos de la entidad, 954 personas (28.3%) pertenecían a un pueblo originario. De ese total, 97% son hombres (929 personas) y 2.6%, mujeres (25 personas).
Los centros con mayor población indígena son: el Cereso 1 Penitenciaría Central (179 personas), el Cereso 4 Cuicatlán (129 personas) y el Cereso 7 Tehuantepec (113 personas). El Cereso Femenil Tanivet reporta 25 mujeres indíegnas.
Diversos delitos
Las causas por las que las personas de pueblos originarios están en prisión pueden ser del fuero común o federal.
Del primer rubro, la SSPO reporta abigeato, abuso sexual, allanamiento de morada, asalto, delitos contra la salud, despojo, extorsión, feminicidio, homicidio, lesiones, parricidio, privación ilegal de la libertad, robo, sustracción de menores, violación y violencia intrafamiliar.
Mientras que los delitos del fuero federal se tienen registrados contra la salud, delincuencia organizada; portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; tráfico de personas, trata de personas y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En este escenario, AsiLegal denuncia que en Oaxaca no existe Fiscalía Indígena, ni unidad de atención a personas indígenas. “No existen protocolos de actuación con personas indígenas. Hay casos en los que la fiscalía abre carpetas por delitos que ya han sido juzgados por la comunidad, infringiendo el non bis in ídem [un principio penal que impide juzgar dos veces el mismo delito]”, señala.
Además, advierte, que la Defensoría Pública tomó el lugar ocupado por la Procuraduría para la Defensa del Indígena y grupos vulnerables, pero que a pesar de lo que su nombre sugiere, la dependencia no está especializada en defensa de personas indígenas.
“Existe actualmente en la defensoría un esfuerzo incipiente de integrar una perspectiva indígena transversal”, asegura la ONG.
Asimismo, señala que de los 80 defensores en materia penal con los que cuenta la defensoría, sólo cinco son bilingües, frente a una población hablante que representa casi 30% de la población del estado.
