Pide Sección 22 justicia por enfrentamientos del 2006 y 2007

Con un reducido grupo de maestros, el magisterio oaxaqueño condenó el enfrentamiento ocurrido hace 11 años con policías, y que dejó como saldo más de 100 heridos

Fotos: Christian Jiménez / EL UNIVERSAL
Estatal 25/11/2017 11:41 Christian Jiménez Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 11:41

A 11 años del último enfrentamiento entre integrantes del magisterio oaxaqueño y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) contra policías federales en las calles del Centro Histórico de la ciudad, conocida como "La madre de todas las batallas", la Sección 22 del Sindicato Nacional de la Educación (SNTE) realizaron un mitin en el zócalo para exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2006 y 2007.

El 25 de noviembre de 2006, el magisterio convocó a acordonar por 48 horas a los federales que custodiaban la ciudad; policías y appistas se enfrentaron en avenidas y parques principales, tras la batalla hubo más de 100 heridos y 139 aprehensiones.

En el acto al que asistió un grupo reducido de simpatizantes, el secretario general del sindicato, Eloy Hernández, recordó que durante el conflicto social, las movilizaciones aglutinaban a miles de maestros y ciudadanos, y a pesar de que este sábado la asistencia fue reducida, aseveró que el movimiento está "más fortalecido que nunca".

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Durante su intervención pidió a los asistentes fortalecer las convocatorias para manifestarse en contra de la Reforma Educativa; "es necesario hacer valer nuestras demandas, no vamos a olvidar el 2006, no vamos a olvidar Nochixtlán", reiteró.

En el mitin, los profesores repitieron las consignas que se hicieron populares durante el movimiento. Asimismo, señalaron la  responsabilidad de los ex gobernadores, Ulises Ruiz y Gabino  Cué en los actos de represión que se cometieron durante sus administraciones en contra de los integrantes del magisterio.

Además, reprobaron las acciones de los ex presidentes, Felipe Calderón y Vicente Fox, a quienes acusaron de orquestar la incursión de las fuerzas federales que asesinaron y cometieron violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en el movimiento social.

En tanto, acusaron al actual gobierno de mantener en la opacidad el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de la Comisión de la Verdad.

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