Extralimitó edil de Nochixtlán sus atribuciones: Defensoría
El visitador general de la DDHPO Juan Rodríguez, aseguró que la PGR es la única instancia con facultades para retirar evidencias del enfrentamiento de junio de 2016
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El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, aseguró que el presidente municipal Rubén Alcides carece de atribuciones para ordenar el retiro de automotores calcinados durante los hechos violentos ocurridos en Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016.
De acuerdo con el representante del organismo, es la Procuraduría General de la República (PGR) el ente con facultades para determinar si es procedente o no la continuidad de esos vehículos sobre la carretera federal, una vez que haya concluido con las diligencias para la investigación de lo ocurrido hace dos años en esa población.
Sobre el acceso principal a Asunción Nochixtlán permanecían los restos de un tráiler y un autobús calcinados, producto del enfrentamiento registrado entre profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y pobladores, contra fuerzas de seguridad pública federales y estatales.
El operativo fallido de desalojo de la autopista Oaxaca – Cuacnopalan en 2016, dejó como saldo ocho personas muertas y cerca de dos centenares resultaron heridas.
La noche de ayer, el edil de Nochixtlán, Rubén Alcides, ordenó a integrantes de seguridad pública municipal el retiro de los vehículos. Pero, un grupo de profesores y miembros del Comité de Víctimas del 19 de Junio (Covic) llegaron al lugar para tratar de impedirlo.
Hasta ahora, no se ha precisado cómo sucedieron los hechos de ayer; pero dos personas resultaron heridas con disparos de armas de fuego.
“El edil no tiene ninguna atribución para quitar los vehículos, ni por determinación del pueblo. Aunque digan que se convoca a limpiar. La PGR es la que debe determinar si se deben quitar tras realizar las diligencias, determinar mecánica de hechos”, dijo Juan Rodríguez.
La Sección 22 del SNTE ha rechazado el retiro de los vehículos calcinados bajo el argumento de que se trata de evidencias para el deslinde y castigo a responsables de la muerte de ocho personas y las lesiones sobre otros hace poco menos de dos años, un 19 de junio.
