Ex titular y funcionarios de Sevitra no fueron declarados inocentes: Fiscalía

El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, aseguró que el ex responsable y ex funcionarios de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra, ahora Secretaría de Movilidad), no fueron absueltos o declarados inocentes por el Juez de Control.

En la audiencia que culminó ayer, explicó, el Juez resolvió no vincular a proceso al ex secretario Carlos Moreno Alcántara y a sus colaboradores Armando Espina y José Antonio Carrasco, acusados del delito de tráfico de 476 concesiones para la prestación del servicio público de transporte; pero esto no significa que se hayan declarado inocentes. El Juez de Control no ordenó extinguir la acción penal.

La investigación continúa abierta y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción analiza si interpone un recurso de revisión ante la segunda instancia, para que los magistrados resuelvan sobre la decisión del juez y en su caso la reviertan o la confirman. Otra de las opciones es continuar con la investigación para que en los próximos días volver a generar una imputación contra los ex funcionarios de Sevitra, dijo.

“La absolución se da en juicio, es decir, cuando se declara culpable o inocente. En la etapa preliminar no se vincula a proceso y la investigación sigue abierta para que en todo caso la instancia investigadora pueda tomar las decisiones que comentaba. Si el juez hubiera dicho que no se vincula a proceso pero además se ordena que se extinga la acción penal, nosotros hubiéramos tenido que cerrar la investigación, cosa que no sucedió”, expuso.

Carlos Moreno y los ex servidores públicos Armando Espina y José Antonio Carrasco son acusados del tráfico de 476 concesiones y un daño al erario público de alrededor de nueve millones 44 mil pesos; esto último, porque no ingresó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el pago de cada una de estas concesiones, de alrededor de 19 mil pesos cada una.

Ayer por la noche, el Juez de Control resolvió no vincularlos a proceso bajo el argumento de que se trataba de un asunto administrativo y no penal, además de que aún no se concluyen las auditorías a la Sevitra, ahora Secretaría de Movilidad (Semovi).

No fueron absueltos

Iruegas Álvarez recalcó que esta decisión no significa que fueran absueltos. La Fiscalía, dijo, continúa con la investigación y se analiza si se interpone un recurso para revertir la decisión del juez o continuar con las indagatorias para volver a formular imputación contra los ex funcionarios de Sevitra.

Sobre el caso, explicó que el delito de tráfico de concesiones lo comete aquel quien da una concesión sin cumplir con los requisitos y procedimientos que se establecen en la Ley de Transporte de Oaxaca.

Este procedimiento tiene diversos pasos: desde hacer un estudio de factibilidad para ver cuántas concesiones se van a otorgar, emitir una convocatoria, publicar la convocatoria, la recepción de los participantes, hasta el tema del pago previo al otorgamiento de la concesión.

El juez consideró que en la parte de requisitos a la que hace alusión el Código Penal sólo se encuentran en la convocatoria emitida por la Sevitra, como la credencial de elector, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales, tenencia del vehículo, licencia de conducir, entre otros.

Sin embargo, Iruegas Álvarez señaló que para la Fiscalía más allá de esos requisitos establecidos en la convocatoria, hay otros que la autoridad – en este caso la Sevitra – debe cumplir, como hacer el estudio de factibilidad y el pago previo correspondiente.

“Para mí esos dos, independientemente de que se deben cumplir los demás pasos, son los más importantes. El estudio de factibilidad es el que se hace para ver cuántas concesiones se van a otorgar dependiendo de la cantidad de población y de vehículos que prestan el servicio y que están en la población. Es algo importante porque en Oaxaca estamos saturados por el otorgamiento irracional de concesiones en el transporte público”.

Sin estudio previo

La Fiscalía logró demostrar ante el Juez de Control que la mayoría de las concesiones no contaba con un estudio de factibilidad y también que en todos los casos, nunca se realizó el pago previo para la obtención de este beneficio por parte del Estado, lo cual se corroboró con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la entonces Auditoría Superior del Estado (ASE, ahora Órgano Superior de Fiscalización del Estado) y con la Secretaría de Finanzas.

Pero el juez consideró que aun cuando no tienen el estudio de factibilidad, este no es un requisito –-ya que no está establecido de manera textual que es un requisito pero sí parte del procedimiento-– y, de la misma forma se pronunció sobre el hecho de que nunca se realizó el pago previo.

“A lo que quiero llegar es que en la audiencia se comprobó que muchas concesiones no tienen estudio de factibilidad y se comprobó que en su totalidad, no fue realizado el pago para su otorgamiento. Sin embargo, para el juez eso no es un requisito”.

Respecto a sí es un tema administrativo, el fiscal precisó que “la parte administrativa y penal van en paralelo”.

Es decir, que como Fiscalía Anticorrupción no tienen que agotar o esperar a que la Contraloría termine de hacer su trabajo, emita una conclusión y una responsabilidad administrativa, para que la Fiscalía inicie una investigación e interponga una denuncia.

“Sí efectivamente nos puede servir el trabajo que haga la Contraloría porque puede convertirse ellos en nuestros peritos pero son autónomos. Pero puede pasar que nunca haya una auditoría o un procedimiento administrativo y la Fiscalía Anticorrupción procese a personas por los delitos.

“Puede ser que haya una sanción administrativa de responsabilidad y que la Fiscalía considere que no es delito o al revés, que no haya responsabilidad administrativa pero sí penal”.

A partir de hoy, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción tiene tres días para interponer un recurso con el cual se pueda revertir la resolución del Juez de Control de Tanivet del Circuito Judicial de Valles Centrales y esperar la decisión de los magistrados. De lo contrario, continuar con la investigación y volver a demandar penalmente a Carlos Moreno Alcántara y a los ex funcionarios Armando Espina y José Antonio Carrasco.