Reconstrucción irresponsable en el Istmo, aseguran damnificados

Para la Coordinadora General de Damnificados del Istmo, la reconstrucción fue impuesta de manera irresponsable por parte del gobierno federal y estatal y tiene como punto de partida la ausencia de estudios técnicos que permitan saber qué falló, si fue el suelo o fueron las edificaciones.

Rey Toledo, uno de los coordinadores en Asunción Ixtaltepec, expuso que a casi tres meses del terremoto, el gobierno no cuenta con información científicamente avalada que exponga cuáles son las características que deben tener las nuevas construcciones en la región.

Resaltó que la reconstrucción que impulsa la federación pretende controlar a la población damnificada a través de la entrega de tarjetas bancarias del propio gobierno, que en el caso de pérdida total, con depósitos mensuales, llegará a contener la cantidad de 120 mil pesos entre efectivo y materiales.

“En muchos casos, estas tarjetas han sido clonadas o carecen de saldo, por lo que cientos de familias claman hoy por el reintegro de este recurso sin que a la fecha alguien responda a las y los afectados, ni se haya castigado al responsable por este crimen. Otras familias que tuvieron daño total recibieron únicamente 15 mil pesos por concepto de daño parcial y a la fecha ni la banca ni las dependencias de gobierno las quieren atender.”, explicó.

Para la Coordinadora, la población enfrentó el levantamiento de un censo mal hecho, sin dictamen técnico de por medio, que dejó fuera a miles de damnificados. Hoy, además de tener daño en su vivienda o de haber perdido completamente el patrimonio logrado con el esfuerzo de toda una vida, han sido olvidados completamente por el gobierno.

Ante esto, la agrupación de afectados exigió la realización de un segundo censo de damnificados en los pueblos, un censo público y no de gabinete, en el que se empadrone a todas aquellas viviendas que presenten daño parcial o pérdida total y no cuenten con folio, y se reclasifiquen los daños de las viviendas que cuentan con folio de daño parcial, siendo que presentan daño total.

También piden la ampliación del monto de apoyo por daño parcial a 120 mil pesos y por pérdida total a 300 mil pesos, para poder iniciar un proyecto de pie de casa digno, tomando como parámetro el costo de las viviendas que el propio gobierno construye en el país a través del Infonavit.

El pago del apoyo del Programa de Empleo Temporal a todas las familias damnificadas que cuenten con folio, y con base en el empadronamiento del segundo censo, también a las familias que ahí hayan sido censadas y que se destinen los recursos necesarios para la pronta reconstrucción de las escuelas públicas.

Al gobierno federal y Congreso, los damnificados exigieron etiquetar en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 un capítulo para la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos del 7 y 23 de septiembre del 2017, considerando una partida específica para el pago de la realización de los estudios de suelo en cada uno de los municipios afectados y para la reactivación económica de la región.