Exigen ONG’s fincar responsabilidades por violencia en San Mateo del Mar
Señalaron la intervención de la secretaria de Asuntos Indígenas, Sofía Castro Ríos, y de representantes de la constructora “Airad”.
Dos organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado investigar y fincar responsabilidades penales y administrativas contra los responsables de la violencia posterior a la jornada electoral en San Mateo del Mar, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.
Tanto la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom), como Servicios para una Educación Alternativa (Educa A.C.), presumieron la intervención en el proceso electoral extraordinario en esa población, de la secretaria de Asuntos Indígenas, Sofía Castro Ríos, y de representantes de la constructora “Airad”.
El pasado domingo 3 de septiembre del presente año se realizaron elecciones extraordinarias en el municipio de San Mateo del Mar, como resultado de una sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“La jornada se desarrolló con relativa tranquilidad, contando con apoyo logístico del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). El resultado de la contienda favoreció el señor Gelasio Hidalgo. Una vez concluida la jornada electoral, el personal del IEEPCO e integrantes del Consejo Electoral Municipal, que trasladaban la papelería, fueron atacados presuntamente por un grupo de civiles armados”, detallaron.
Para los dos organismos civiles, los resultados de esta agresión aún no se evalúan con precisión, sin embargo, hay testimonios que señalan personas lesionadas con arma de fuego, menores sustraídos ilegalmente y daños cuantiosos a vehículos oficiales.
“Se ha mencionado reiteradamente la participación en estos eventos de personas ajenas a la municipalidad, como es el caso de la señora Sofía Castro, secretaria de Asuntos Indígenas, así como la empresa constructora ‘Airad’”, señalaron.
Asimismo, demandaron la actuación inmediata de la Fiscalía General del Estado, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a fin de garantizar la integridad física y sicológica de los pobladores de la comunidad mareña, especialmente de menores de edad y personas defensoras de derechos humanos.
