Clausura Profepa tiradero ilegal de escombros en río del Istmo

Dicho lugar fue habilitado por autoridades del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, para colocar residuos provenientes de la demolición de edificaciones
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Foto: Mario Arturo Martínez / EL UNIVERSAL
11/10/2017
05:38
Roselia Chaca
Asunción Ixtaltepec, Oaxaca
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal el depósito de escombros de las casas y edificaciones derribadas y que colapsaron durante los sismos del 7 y 23 de septiembre, ubicado en la zona federal de la ribera del río “Los Perros” y que no contaba con el permiso de la Semarnat.

Dicho lugar fue habilitado por autoridades del ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, para colocar unos mil 783 metros cúbicos de residuos provenientes de la demolición de inmuebles; sin embargo, tras la inspección practicada este 9 de octubre, a fin de vigilar lo establecido en la fracción X del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, la Profepa constató que las autoridades se encontraban realizando actividades en un área total de 16 mil 183 metros cuadrados.

De acuerdo con la Profepa, cuatro mil 783 metros cúbicos de residuos provenientes de la demolición de las casas de Ixtaltepec, colocados dentro de zona federal a lo largo de 305 metros de la ribera del río “Los Perros”, no cuentan con la autorización referida, por lo que se procedió a imponer como medida de seguridad la clausura total temporal de esa zona, lo cual implica que no se podrá seguir realizando el depósito de dicho material, hasta en tanto no se obtenga el permiso correspondiente.

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Pese a lo anterior, la clausura sólo duró algunas horas, ya que este miércoles 11 de octubre los camiones volteos continuaron con los depósitos en el mismo lugar, extendiendo más el área de exposición.

Según la Profepa, como consecuencias del incumplimiento a estas obligaciones ambientales al no contar con la autorización correspondiente, se interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte responsable.

Así mismo, de no respetar la clausura impuesta, se podrá imponer otra denuncia penal, por violación a la medida de seguridad. Cabe destacar que las violaciones a la normatividad ambiental puede implicar una sanción económica de hasta 3.7 millones de pesos por cada infracción cometida.

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