Histórico. Comicios serán los más costosos

El  Instituto Nacional Electoral tiene para este 2018 un presupuesto de más de 24 mil 120 millones de pesos, el más alto en la historia. Esta cifra incluye el costo base de las operaciones del INE, la organización de los procesos electorales federales, el gasto de campaña de los partidos políticos y la ejecución de Proyectos Específicos para fortalecer la democracia.

Durante los años electorales se le añade, al presupuesto base de operación del Instituto, el costo de organización de la jornada electoral. Este, además, aumenta en cada proceso electoral.

Del 2006, primer año en el que se efectuó el voto en el extranjero, al 2012, el presupuesto se elevó un 19%, pasó de 15 mil 359 millones de pesos a 18 mil 626 millones de pesos. Del 2012 al 2018 el presupuesto se incrementó en un 30% hasta alcanzar el monto actual. 

Según las autoridades del INE, una de las razones que explican el aumento es que en la elección del primero de julio se seleccionarán más de 3,400 cargos públicos, convirtiéndola en la elección más grande de la historia nacional.

De acuerdo a los datos del INE, además del ejecutivo, se elegirán 9 gubernaturas, 16 alcaldías en la Ciudad de México, 500 diputados, 128 senadores, 1596 ayuntamientos en 24 estados, 972 diputados locales, 160 concejales y 24 cargos locales.

Otro factor del aumento presupuestal es que, derivado de la Reforma Electoral del 2014, el INE tiene 74 nuevas atribuciones que ocasionaron un aumento en su plantilla.

Las reformas al Instituto centralizaron sus actividades y permitió la creación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) quienes organizan, ejecutan y califican los procesos electorales locales. En años no electorales, fiscalizan los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y protegen la información de los ciudadanos.

Derivado de la reforma se crearon la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLEs y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. La primera coordina las actividades entre el Instituto y los Organismos; la segunda realiza procedimientos de denuncias o medidas cautelares ante las irregularidades en periodos electorales o de fuera de estos.

Este año, el Instituto destinará 9 mil 745 millones pesos para la base de sus operaciones. Este monto es utilizado para pagar sueldos, servicios, alimentación, transporte, materiales y otros gastos necesarios para el funcionamiento del Instituto.

De acuerdo al gasto ejercido en 2017, el 66%, es decir 192 millones, del presupuesto base se destina al pago de sueldos, prestaciones y Seguridad Social, entre otros.

Aparte, el Congreso de la Unión aprobó 6 mil 700 millones que el INE debe administrar entre los partidos políticos. Este dinero, que solo puede ser manejado a través del INE, es utilizado para los gastos de precampaña y campaña.

De acuerdo a las cifras de Presupuesto de Egresos de la Federación, el presupuesto del INE este año, duplica el otorgado a la Secretaría de Cultura, se iguala al que utilizará este año el Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN). 

En entrevista para El Universal, el analista político José Antonio Crespo, comentó que los recursos del INE son muy altos. Después de la Reforma Electoral se creó “un sistema dual. Está el INE nacional y los OPLES, que también jalan mucho dinero. Es un sistema carísimo”.

Por la reforma se crearon también comisiones específicas o especializadas que ameritan estar, pero no justifican el monto presupuestado.

Además hay un descontento con el instituto porque no son rigurosos a la hora de aplicar la ley y los castigos, comentó Crespo, “se vio con el Partido Verde en el 2015, que incurrió en todos los elementos que lo hubieran hecho perder el registro, de acuerdo a la Ley. Sin embargo, no quisieron hacerlo”.

El problema con el Tribunal Electoral es que, como el Instituto, están politizados. En el Tribunal actual, hay una bancada que es mayoritariamente priista. El INE y el Tribunal no debieran de conformarse por cuotas de partidos.

Un ejemplo de lo anterior podría ser “El titular de la Unidad de fiscalización es cuestionado por dos de los tres grandes partidos” por la cercanía que tenía con Meade, El Frente y Moreno en un principio se opusieron a este fiscal y al final lo aprobaron”.

En contraposición a esta opinión, Manuel Quijano, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comentó para El Universal que el “INE es una de las mejores instituciones que podemos tener para llevar a buen término el proceso electoral”. Ha logrado convertirse en un organismo autónomo y ciudadanizado en sus procesos electorales.

Los recursos que le son asignados, son etiquetados por capítulo de gasto y pueden ser auditables. Esto garantiza un manejo eficaz respecto a su presupuesto de operación base, de acuerdo al catedrático. El gran reto del INE para este ejercicio electoral es ser administrativamente eficiente. El presupuesto asignado, en principio, garantiza la imparcialidad de las elecciones porque se han hecho reformas y leyes que detallan cada aspecto de la elección. Lo inequitativo está en cómo los partidos políticos designan los recursos a sus candidatos y las inequidades en las campañas que esto genera.

Es en este rubro donde se podría hacer, en opinión del mtro. Quijano, un trabajo depurado para bajar el costo de las campañas políticas y hacer auditorías pormenorizadas y muy minuciosas a los partidos.

Respecto al costo del voto en México, el catedrático comentó que es “caro comparado con el salario mínimo; comparado con lo que cuesta una obra de infraestructura, como una carretera, no lo es”. En su opinión, la desconfianza, que enmarca la democracia en este país, la ha encarecido.

Ante el descontento social y al desencanto del momento político, una hipótesis de los expertos en materia electoral es que disminuye el número de personas que asistan a votar y que aumente el número de votos anulados, como forma de protesta. Contrario a esta idea, explicó, ejercer el voto útil garantiza y promueve la cultura democrática.

Finalmente sobre la inversión del INE en los proyectos especiales, Quijano nos comenta que “una sociedad altamente democratizada sería la que tuviera civismo, civilización y cultura. Promoverla no es facultad del INE, sino de la SEP.