ONG: Presidente llama a ignorar Constitución

Ven intentos “dictatoriales” y obstrucciones a cumplir la ley en memorándum; coinciden en que López Obrador no podrá derogar la reforma educativa

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Nación 18/04/2019 12:15 Teresa Moreno y Alexis Ortiz Ciudad de México Actualizada 12:15

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil como Suma por la Educación, Compromiso por la Calidad de la Educación, la Red Educación Derechos (RED) y la Unión Nacional de Padres de Familia condenaron lo que consideraron un llamado del Presidente a ignorar la Constitución del país.

Tras la emisión de un memorándum que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los titulares de las secretarías de Educación, Gobernación y Hacienda para dejar de aplicar la reforma educativa de 2013, vieron desde intentos “dictatoriales” hasta “obstrucciones” al cumplimiento del derecho a la educación de 30 millones de niños y adolescentes inscritos en educación obligatoria.

Igualmente, las organizaciones sociales coincidieron en señalar que el Presidente no podrá derogar la reforma educativa implementada en la anterior administración, pues consideraron que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del Presidente, no tiene la mayoría en la Cámara de Senadores para lograr este objetivo, además de que existen organismos autónomos que se podrían oponer a la decisión.

“La RED hace un llamado también a las autoridades federales y estatales para construir un sistema educativo que refleje los puntos vista presentados durante la consulta nacional y el parlamento abierto, y que no privilegie sólo las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, pidió la RED.

“El memorándum presidencial incita a ignorar el orden constitucional y obstruye el derecho a la educación de más de 30 millones de estudiantes”, indicó.

Entrevistado por separado, el director de Suma por la Educación, Daniel López, consideró que lo más grave del memorándum que envió el presidente López Obrador es el punto donde demanda que la SEP garantice la contratación de egresados normalistas como maestros, puesto que la Constitución ordena que la obtención de una plaza se debe hacer a través de concursos.

“Aquí claramente se pide que se beneficie a un grupo de maestros sin que eso garantice la idoneidad ni tener los mejores profesores para los niños mexicanos”, dijo.

“Este memorándum parece una advertencia sobre un posible acto dictatorial porque se está faltando a los demás poderes. Saltarse al Congreso, que es el poder que podría derogar leyes, atenta contra la democracia y contra la gobernabilidad”, aseguró.

Por su parte Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, expresó que “el Presidente debería estar buscando la manera de mejorar la calidad de las aulas porque su propia reforma educativa, comparada con la de Peña Nieto, no tiene nada de diferente. Tristemente el derecho a la educación ha quedado en medio de una pugna de poder”, expresó.

Para Fernando Mejía Botero, de Compromiso por la Calidad de la Educación, el envío de dicho memorándum forma parte de un juego político en el que la CNTE presiona, el Presidente la reconoce como principal interlocutora y ninguna de las dos partes termina por ceder. Cuestionó el silencio del SNTE.

“El Presidente está tensando. Sabe que [el memorándum] no procede. A la CNTE le va a mostrar que no se hace lo que él dice, pues la Constitución no se lo permite; con esto les dirá que es la minuta que hay aprobada o el estado de cosas actuales. La CNTE sabe que es un juego y seguirá presionando por otra minuta. Mi cálculo es que es una jugada de suma cero. No es un acto de soberbia ni de sentirse preso de la CNTE”, consideró.

“Sí es el reconocimiento de que ellos son sus interlocutores más fuertes, mientras el SNTE ni fu ni fa, está agazapado esperando que los otros sean el espectáculo, moviendo piezas en silencio”, dijo.

En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García, se inconformó ante dicho documento. Resaltó que dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa de 2013 “es lamentable para el país”, puesto que se perdería el concurso de plazas magisteriales, no se contará con un organismo autónomo que evalúe todos los componentes de la educación, no se evaluaría a los alumnos para conocer su situación real de conocimientos, “no se buscará la calidad educativa”, insistió.

“Que se siga aplicando la ley de educación tal como está al día de hoy, mientras no se apruebe la nueva reforma en el pleno [de la Cámara de Diputados] y que ya ha sido avalada en las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales en semanas pasadas”, dijo.

“Un país democrático debe respetar el accionar del Poder Legislativo y de ninguna manera someterlo al poder del Ejecutivo”, exigió.|

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