Diez años de arrastrar el estigma de El Chapo
Tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera aseguraron las cuentas bancarias de su nieta y ex nuera
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A 10 años del crimen de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, parece que a su entonces pareja y a su hija las persigue el estigma y la sospecha de parte de la autoridad federal, a pesar de que ella lleva casada años con el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez Carrasco.
Tras la fuga del padre de Édgar Guzmán, en julio de 2015, el gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias de la nieta y ex nuera del Chapo Guzmán, por considerar que pudieran “prestar ayuda” al entonces capo dos veces evadido de prisiones federales de máxima seguridad. En abril pasado, un tribunal colegiado de Mazatlán ratificó lo que un juez federal otorgó a Frida Muñoz Román y su hija Sofía: la protección de la justificia federal para desbloquear sus cuentas en tres firmas bancarias.
De acuerdo con los expedientes públicos de la Judicatura Federal, fue el 25 de agosto de 2015 —mes y medio después de la fuga de Guzmán de El Altiplano— cuando la Unidad de Inteligencia de la SHCP, que se dedica a rastrear posibles actos ilícitos en el sistema financiero, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a tres bancos congelar las cuentas de Muñoz Román y su hija, menor de edad, bajo el argumento de que este recurso podría servir de apoyo a las operaciones de la organización de Guzmán Loera.
El 22 de septiembre de ese año, mientras el gobierno federal rastreaba el paradero del Chapo en la zona serrana del noroeste del país, quien fuera esposa de Édgar Guzmán —asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán—, interpuso una demanda de amparo ante el juzgado tercero de distrito, al considerar que el bloqueo de ella y su hija no era prodecente.
En su demanda, inscrita bajo los números 800/2015-IV y su acumulado 851/2015-III, reclama a la unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a la Unidad de Análisis Financiero de la PGR, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a los bancos Scotiabank Inverlat, BanRegio y Banco del Bajío, el aseguramiento de cuatro cuentas, tres a nombre de Muñoz Román y la cuarta a nombre de su hija y ella como cotitular.
Se otorga el amparo
Al analizar el informe justificado de la SHCP, que fue la única entidad que respondió, el juez de amparo sostuvo que la autoridad responsable no informó debidamente a las afectadas del motivo para congelar sus cuentas, y además descartó que fuera suficiente presumir que con ese dinero se pueda cometer algún delito, pues para ello era necesario que Hacienda interpusiera denuncia formal ante el ministerio público federal.
“La lista de personas bloqueadas tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos”, señala el argumento presentado por Hacienda.
Sin embargo, el tribunal de alzada señaló que la autoridad responsable no fundó ni motivó legalmente el acuerdo 52/2015 para ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias, “por lo tanto, el actuar de la autoridad responsable se estima desacertado, ya que en todo caso si considera que las aquí quejosas incurrieron en la comisión de algún delito, debió haber presentado la denuncia ante el ministerio público de la federación...”
Al concluir, el juez otorgó la protección de la justicia federal a favor de Muñoz Román y su hija, por lo que resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera dejara insubsistente el acuerdo de aseguramiento del 25 de agosto de 2015, así como sus derivados, haciendo extensivo el fallo a los bancos que mantienen las cuentas.
El proceso de garantías se alargó hasta febrero de 2018, debido a que el caso se fue a recurso de revisión, que después de analizar el expediente ratificó el amparo concedido. A fines de abril pasado, autoridades responsables informaron que ya se había cumplido el fallo protector las dos mujeres.
De la muerte de Édgar a las polémicas con Chávez Jr.
Frida Muñoz era la pareja de Édgar Guzmán al momento de su asesinato el 8 de mayo de 2008 en el estacionamiento de la tienda City Club ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán. Ambos estudiaban la carrera de Administración de Empresas y ya habían procreado a Sofía.
El crimen de Édgar, primero atribuido al clan de los hermanos Beltrán Leyva, fue adjudicado por el mismo capo, tiempo después, a una confusión dentro del cártel de Sinaloa, pues se presume que fue perpetrado por una célula de sicarios que estaba al mando de Gonzalo Inzunza Inzunza, El Macho Prieto, jefe de pistoleros del Mayo Zambada, considerado como “desaparecido” por la PGR desde diciembre de 2013 en un enfrentamiento con la Policía Federal en Puerto Peñasco, Sonora.
Años después del deceso de Édgar, cuyo mausoleo se levanta como una capilla en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, Muñoz Román se casó con el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez Carrasco, con quien tuvo otra hija. En 2016, Chávez Júnior levantó polémica al hacer público vía Twittter el abandono de hogar de su pareja.
