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Asesinatos de jóvenes van en aumento

En 2007 mataron a mil 732 jóvenes en México. En 2016 la cifra aumentó casi tres veces más: 5 mil 155 homicidios. Colima, Guerrero y Zacatecas, los más peligrosos para esta población
Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
24/06/2018
10:27
Juan Luis Altamirano
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En 2014, José vivía en uno de los municipios más violentos del Estado de México: Ecatepec, un lugar en el que aprendió a sobrevivir. Unos cuantos días después de cumplir la mayoría de edad, fue acusado de ser cómplice de robo con violencia. Pasó poco más de dos años en el penal de Barrientos sin que se pudiera demostrar su culpabilidad.

Al salir, y con 20 años, decidió retomar su vida: se inscribió en la universidad y tenía un trabajo que le ayudaba a sobrevivir. Pero en diciembre de 2017 desapareció. Semanas después, su cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras del Estado de México.

Para las autoridades este es sólo un homicidio más de un “ex criminal”, asegura su hermana, quien pidió no ser identificada.

En los últimos 10 años, de 2007 a 2016, fueron asesinados 45 mil 339 jóvenes de 15 a 24 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El aumento de estos homicidios es dramático. En 2007, el primer año de la “guerra contra el narcotráfico”, se reportaron mil 732 asesinatos. La tasa nacional era de apenas nueve homicidios por cada 100 mil jóvenes. Las cifras de 2016 fueron casi tres veces más altas: un total de 5 mil 155 crímenes. Y una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil jóvenes.

Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Morelos presentan los peores panoramas. En 2007 sus tasas de homicidios juveniles no llegaban a 10. Una década después enfrentan una violencia que ha recaído en la población joven y que los deja con tasas de 95 asesinatos por cada 100 mil jóvenes, como es el caso de Colima.

Especialistas aseguran que uno de los principales factores de este incremento es la capacidad de los criminales para atraerlos a sus filas, pero también a que el gobierno olvidó crear verdaderas políticas de prevención y diagnóstico.

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“El Estado prefiere asumir que todos los jóvenes son delincuentes en lugar de aceptar sus errores en cuestiones como la intervención policial. Han presentado una estrategia de control social que busca presentarlos como un enemigo público al que hay que temerle y si existe una violación a sus derechos la sociedad no reaccione”, asegura la criminóloga Ximena Fernández Pineda.

El incremento de la violencia en el país y la oleada de homicidios desde hace más de 10 años ha cobrado cada año la vida de 4 mil 300 jóvenes. Cifra que tocó su punto más alto en 2011, con 6 mil 149 asesinatos de personas entre los 15 y 24 años.

La tasa nacional fue la más alta: 30 homicidios por cada 100 mil jóvenes. Los números en Chihuahua la sobrepasaban cinco veces: 178 decesos por cada 100 mil. “Se presume que estas muertes violentas están relacionadas en gran medida a una actividad criminal, a lo que se conoce como violencia relacionada con disputas criminales”, asegura Edna Jaime Treviño, directora general de la organización México Evalúa.

El tiempo en la cárcel

A 41 kilómetros de la capital, en Ecatepec, uno de los municipios más violentos del Estado de México, José compartía una pequeña vivienda con su hermana mayor y sus padres. Ambos hermanos estudiaron hasta la preparatoria. La aparente calma que se vivía en su casa era una pantalla que escondía la falta de atención y el desánimo del joven por seguir ahí. José quería estudiar una carrera, pero sabía que el dinero era una herramienta básica y él no lo tenía. En su barrio se concentra la pobreza, desigualdad y violencia; en esas calles, uno de cada 10 estudiantes de secundaria ha recibido ofertas para trabajar con el crimen organizado, según la organización Cauce Ciudadano. “La presencia del crimen organizado, sumado a ciertas condiciones donde los jóvenes no tienen espacios de oportunidades y donde los incentivos para empezar carreras criminales son mejores a los que se presentan para continuar la escuela, provocan mayor riesgo a esta población”, asegura la directora de México Evalúa.

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José tuvo que estar cerca de otros jóvenes que le brindaran “seguridad”. “Amigos” con los que sabía poder caminar sin correr ningún riesgo, pero esas amistades lo llevaron a la cárcel en 2015. Una tarde, mientras estaba en su casa, lo detuvieron y lo acusaron por el delito de robo con violencia.

A los pocos días, lo trasladaron al penal de Barrientos, una cárcel con una calificación de 6.65 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La comisión especificó en su diagnóstico que la prisión estaba reprobada en “garantizar la integridad física y moral del interno” y tenía un gran problema de sobrepoblación.

La supervivencia se volvió clave para José en los siguientes más de dos años. Para lograrlo se tuvo que aliar con otro reo que fungía como su “padrino”. Este hombre lo protegía de las constantes golpizas y ataques sexuales que se veían diariamente en las celdas, cuenta la hermana de José.

A finales de 2017 el joven, que en ese entonces tenía 20 años, logró salir de la prisión. Las autoridades no encontraron pruebas suficientes para inculparlo. Sus padres le dieron la espalda y su hermana fue la única que lo apoyó.

Normalizar las muertes

Su intento por salir adelante se tradujo en una inscripción a la Universidad para estudiar Criminología y en un trabajo en el que le pagaban lo suficiente para sobrevivir. Pero la violencia que vivió en la cárcel no era fácil de dejar atrás.

“Al inicio reaccionaba de una forma exagerada ante todo. Su nivel de agresividad era tan alto que varios maestros le recomendamos tomar terapia”, cuenta una de sus profesoras que pidió mantener su nombre en el anonimato.

Semanas antes de las fiestas decembrinas, sus compañeros y maestros lo vieron llegar con golpes en el rostro y un ojo casi cerrado. “Nos contó que la persona que lo protegió en la cárcel ya estaba libre y quería que lo ayudara con un encargo. Él se negó y, al parecer, lo golpearon como advertencia”, narra la profesora.

En el Estado de México se registraron 5 mil 426 asesinatos de jóvenes de 2007 a 2016. En 2011 fue su año más crudo: 598 homicidios en esa entidad, es decir, todos los días dos jóvenes morían de manera violenta ahí.

Días después de la amenaza, José desapareció. Por más de dos semanas nadie supo de él, hasta que su cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras. Su ropa estaba rota y tenía rastros de tortura.

“Las autoridades no tienen interés en investigar estos asesinatos; para ellos es más fácil decir que estaban relacionados con el narco”, asegura la maestra.

Los últimos datos muestran un nuevo aumento en el número de homicidios de jóvenes. De 2015 a 2016 pasaron de 4 mil 271 a 5 mil 155 y la tendencia sigue al alza. Para los especialistas es difícil que está estadística baje.

El Estado se ha enfocado en criminalizar a esta población y pareciera que en México “asesinar a un joven es algo normal”.

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