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La asociación civil Litigio Estratégico Indígena (LEI) ganó un amparo que da esperanzas para la restauración de los ríos Atoyac y Salado, ubicados en la capital de Oaxaca. Con este recurso jurídico, el Poder Judicial de la Federación ordenó a 18 autoridades federales, estatales y municipales tomar acciones para sanear y preservar ambos cauces.

Carlos Morales Sánchez, presidente de LEI, asegura que se trata de un hecho inédito para el  estado  y para el país, porque  un juicio de amparo utilizado para proteger al medio ambiente no había tenido un resultado favorable, como ocurrió el pasado 26 de marzo con la resolución de la jueza Elizabeth Franco Cervantes.

En la demanda, presentada el 31 de marzo de 2016, reclamaron la protección de la justicia por la omisión de las autoridades para adoptar todas las medidas a su alcance, con el fin de  restaurar y sanear la contaminación de los ríos que atraviesan la capital.

“La jueza determinó que el medio ambiente no debe ser considerado ‘poesía constitucional’, sino una norma programática que el Estado está obligado a cumplir”, detalla Morales Sánchez.

“Muy contaminados”

Según  el Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ambos ríos están “muy contaminados” en la parte que cruza la capital  y la zona conurbada. Pero el caso del río Salado es el  más grave, pues  perdió su capacidad de autoregenerarse.

El presidente del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), Juan José Consejo Dueñas, afirma  que el  Atoyac, por ejemplo, funciona como un drenaje a “cielo abierto” en el que 34 municipios de los Valles Centrales arrojan sus aguas residuales.

Según  la Comisión Estatal del Agua (CEA), sólo  cuatro municipios han construido plantas para tratar los desechos que son arrojados al   Atoyac, pero ninguna funciona u opera al 100%. Esto se repite en todo el territorio estatal.

 Según  informes anuales, entre 2011 y 2015, el gobierno de Oaxaca invirtió 215 millones de pesos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.   Hasta 2015 existían 143,  pero  sólo  46 funcionaban y no al  100%.  Estas plantas tienen una capacidad para tratar  más de 88 millones 504 mil metros cúbicos al año, pero sólo tratan 26 millones 472 mil. Sólo en Valles Centrales, el gobierno estatal reporta la existencia de 48, 13 ubicadas en la capital, cuya  capacidad  es  de 20 millones 667 mil metros cúbicos anuales, pero sólo  tratan 6 millones 816 mil.

Esta situación es grave, señala el  encargado del Centro Demostrativo de Permacultura El Pedregal, Álvaro Santiago López, si se considera que  60% del agua que se consume se arroja literalmente por la tasa de baño, mismo porcentaje que no puede reutilizarse por la inoperancia de esas costosas plantas de tratamiento.

Deben tomar acciones

Para Carlos Morales, el falló de la jueza federal al  ordenar a las autoridades tomar acciones a favor de los ríos  es un avance, no sólo por la trascendencia de ganar un amparo para la protección del medio ambiente, sino porque se obliga a las autoridades a tomar acciones.

Las autoridades involucradas son  el Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Conagua, Conagua, Procuraduría Federal de Protección al  Ambiente (Profepa), el gobierno  de Oaxaca y 14 presidentes municipales, incluido el de la capital, quienes, según el expediente 621/2016, en un primer momento  negaron los actos reclamados.

Con la resolución del Poder Judicial de la Federación, estas autoridades están obligadas a  convenir con el gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con las autoridades estatales,   las medidas de protección ambiental, referentes al desfogue de aguas residuales en los ríos.

También están obligadas a  implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; realizar programas de limpieza en  el Atoyac y Salado,  ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de la calidad del agua en ambos ríos.

El secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Herrera Villagómez, respondió que la dependencia analiza la sentencia; pero adelantó que hasta ahora existen varios proyectos —ninguno concretado— para implementar acciones de recuperación y restauración de ambos cauces.

Agregó que, por el momento, no hay costo estimado de lo que implica responder a lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación; aceptó, además, que sólo 10% de las  plantas de tratamiento de aguas residuales del estado funcionan, debido a que cuando fueron construidas no se garantizó presupuesto para su mantenimiento.