Avala INE envío de paquetes electorales a 8 mil mexicanos en el extranjero

Por mayoría de ocho votos contra tres, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el envío de paquetes electorales a al menos 8 mil mexicanos residentes en el extranjero que ratificaron de manera expresa ante la autoridad comicial su intención de sufragar el próximo 1 de julio.

Tras un debate de más de tres horas, donde incluso el consejero presidente Lorenzo Córdova pidió a sus compañeros consejeros “no ser niños” para determinar o no la garantía del derecho al voto, el Consejo General determinó garantizar el voto de todos los mexicanos.

En sesión extraordinaria, el INE instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que adopte las medidas necesarias para instrumentar la recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto del 28 de marzo pasado.

La instrucción consiste en incorporar en ese listado nominal a los ciudadanos que solicitaron su Credencial para Votar desde el Extranjero entre el 1 de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018 y que no presentan la firma en el apartado correspondiente a la manifestación de intención de voto pero que ya se cuenta con la confirmación de recepción de la credencial para votar.

Las consejeras Paola Ravel Cuevas y Pamela San Martín rechazaron el acuerdo, entre otros, con el argumento de que no se cumplieron en su totalidad los requisitos para la inscripción de este universo de ciudadanos residentes en el extranjero en el Listado Nominal y la necesidad de proteger los datos personales.

Luego de tres horas de análisis del tema, el consejero presidente Córdova manifestó su preocupación por el argumento de la protección de datos personales pues dijo que eso implicaría que muchas de las actividades del INE violan la Ley de Protección de Datos Personales.

“A ninguno de los ciudadanos que estamos inscritos en el Padrón Electoral se nos pidió permiso en un aviso de privacidad, para poder utilizar nuestros datos en la insaculación, a ninguno de los dos millones 800 mil ciudadanos que aceptaron y que han sido capacitados, y que de donde van a salir los funcionarios de casilla, se les pidió permiso cuando se inscribieron para poder utilizar sus datos para esto.

“A ninguno de los 90 millones de mexicanos que estamos en el Padrón Electoral se nos pidió permiso para que el Instituto utilizara sus datos para compulsar si los padrones de militantes de los partidos políticos, efectivamente, implican ciudadanos en cuanto tales, a ninguno de los 90 millones de ciudadanos se nos pidió permiso para que este Instituto verificara si los apoyos ciudadanos de los candidatos independientes, efectivamente, estaban en el Padrón”, dijo.

Esgrimió al inscribirse al Padrón se sabe que hay una utilización legal y que tienen una finalidad muy específica: “quien se inscribe al padrón se inscribe para querer votar, no se inscribe necesariamente para tener una identidad” y ejercer sus derechos políticos.

“Y tiene razón el Consejero Ruíz, no es un asunto de garantismo o no y creo que sería absurdo ponernos aquí de niños, incluso diría, ver quién es más garantista o no, tiene razón Consejero Ruíz, no es un asunto de garantismo, es un asunto de si dejamos a ocho mil ciudadanas y ciudadanos mexicanos que quieren votar si los dejamos votar o no, o sí, normas que probablemente nosotros pusimos y que a lo mejor no estaban necesariamente bien prevalecen sobre la voluntad de los derechos de los ciudadanos”, estableció.

El consejero Marco Antonio Baños advirtió que si el Consejo General no aprobaba este acuerdo estaría incurriendo en incongruencias, pues anteriormente ha tomado decisiones en la ruta de ampliar los derechos políticos de los ciudadanos.

“Un ejemplo concreto la participación de los ciudadanos en la integración de las Mesas Directivas de Casilla en contra de un requisito expreso en la ley, que es el de la edad o la posibilidad de que los ciudadanos integren las casillas en ciertas situaciones de discapacidades de alguna naturaleza”, dijo.

Dijo que otra decisión tomada recientemente fue la discusión para generar condiciones para que el financiamiento privado en el caso de los candidatos independientes pudiera ser más grande y se rompiera, por consecuencia, una norma constitucional que establece la prevalencia del financiamiento público frente al privado.

“Pero en ánimo de encontrar mejores condiciones de equidad en la contienda electoral, respecto de los candidatos de los partidos políticos”.

Asentó que en este caso de mexicanos en el extranjero lo único que faltaría es una firma.

“Y creo que de negar esta posibilidad, pues simplemente el Instituto estaría siendo incongruente con esas medidas que en otros temas se han tomado. Yo creo firmemente que debe aprobarse este acuerdo y permitir que los ciudadanos mexicanos que están fuera del país” votar pues ya fueron dados de baja de la lista nacional y están en la lista del extranjero", expresó, “entonces, no permitirles el ejercicio del voto por una medida de esta naturaleza, me parecería una solución extrema".

Asentó que hay elementos suficientes en el registro que ha seguido el INE para saber quiénes son estas personas en el extranjero y que al haber recibido sus documentos el Instituto ha cometido ciertos excesos.

“Primero, pidiéndoles que se inscriban. Dos, Pidiéndoles que declaren un domicilio. Tres, Que manifiesten si quieren votar", explicó, "el instrumento que nosotros estamos promoviendo, es la Credencial para Votar, es el instrumento de votación. Es implícito el hecho de que si alguien tramita la Credencial para votar, la va a usar para ejercer su derecho de voto”.