Juicio contra Cué, entre pendientes que heredan a la 64 Legislatura en Oaxaca
El proceso de juicio político contra Cué comenzó el 3 de mayo de 2017 luego de la demanda interpuesta por el ahora diputado federal, Benjamín Robles
La legislatura saliente, además de destacar por el sobreejercicio de 700 millones de pesos sobre sus dos presupuestos aprobados, también deja archivados asuntos como el proceso de juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué.
El presidente de la Mesa Directiva, José de Jesús Romero López (Morena), responsabilizó a María de Jesús Melgar Vásquez, presidenta de la Comisión Instructora, de que el proceso de juicio político quedara congelado, al no enviar el dictamen al Pleno para su discusión.
“No sé qué detuvo en la Comisión esta situación, si hubo acuerdos, si hubo negociaciones, si hubo pactos de impunidad, ¡porque eso es lo que hay! Al final de cuentas eso es lo que detiene la posibilidad de un juicio los pactos de impunidad, y la colusión de intereses de muchos actores que evitan que se juzgue la corrupción”, señala.
El proceso de juicio político contra Cué, acusado del presunto desvío de 30 mil millones de pesos, comenzó el 3 de mayo de 2017 luego de la demanda interpuesta por el ahora diputado federal, Benjamín Robles.
El caso estuvo a cargo de la Comisión Instructora, presidida por la legisladora de Morena, María de Jesús Melgar, quien no informó los motivos que impidieron la conclusión del proceso.
Este asunto es uno de los pendientes de la 63 Legislatura, la cual dejó archivados 40% de sus mil 659 asuntos legislativos, algunos porque no concluyeron el proceso para su análisis y otros, al considerar que incumplieron con los requisitos de carácter social, asegura Romero López.
“Surgieron 31 nuevas leyes. Un logro es que ya no existe más el fuero para los legisladores, para el gobernador y los magistrados, se eliminaron pensiones vitalicias a los gobernantes, logramos plantear la austeridad como un principio constitucional en el estado, logramos el andamiaje contra la corrupción y una serie de reformas para combatir la violencia contra la mujer”, destaca.
Austeridad pendiente.
Aunque los diputados que se van aseguran que plantearon la austeridad en el estado, en su ejercicio legislativo gastaron más de 700 millones de pesos sobre sus presupuestos asignados para los dos años de ejercicio.
Para 2017, los legisladores locales tuvieron un presupuesto de 397 millones 297 mil 350 pesos, y una ampliación de 341 millones 657 mil 566 pesos, lo que representó en total un gasto de 738 millones 954 mil 916 pesos, con base en el registro del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
En este 2018, de igual forma los diputados tuvieron un gasto excesivo sobre su presupuesto aprobado de 328 millones 876 mil 976 pesos, que tuvo una ampliación de 357 millones 103 mil 224 pesos, ya que, de acuerdo con el balance de enero a septiembre de 2018, habían devengado 682 millones 868 mil 732 pesos.
El presidente de la Mesa Directiva justifica el sobregasto al referirse que se trata de un problema general en el país, al no autorizar los recursos reales que presuntamente se requieren para el Poder Legislativo en México.
“Está justificado en la Cuenta Pública, pero hay gastos de representación, eventos, foros, la realización de documentos, tan sólo en hojas e impresión se gastaron más de 4 millones de pesos, y ahí se va el dinero. Hay un problema en los presupuestos porque son ficticios, porque al final una cosa es la que se presupuesta y otra es la que se gasta”, argumenta.
“La 63 Legislatura marcó un parteaguas y estableció los primeros criterios de un parlamento abierto en Oaxaca con los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, es un proceso de evolución y nosotros marcamos el inicio”, asegura.
