Juez Federal ordena al Congreso de Oaxaca crear la Ley de Consulta Indígena

Las y los diputados tienen hasta el 30 de septiembre de 2018 para crear la ley; actualmente la 63 Legislatura se encuentra en receso
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Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
14/05/2018
03:55
Juan Carlos Zavala
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
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El juez del Poder Judicial de la Federación, José Luis Evaristo Villegas, otorgó un amparo a tres personas indígenas de Oaxaca y ordenó a diputadas y diputados locales del Congreso del Estado a crear la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe para los pueblos y comunidades indígenas.

Los indígenas demandaron ante el juez décimo primero de Distrito en el Estado de Oaxaca a legisladores de Oaxaca por violar su derecho humano a ser incluidos en las decisiones “gubernativas en virtud de no han creado la Ley de Consulta lo que les impide tener un mecanismo legal para autorizar o desautorizar proyectos mineros, ambientales, forestales”, entre otras.

Entre sus argumentos, destacaron que desde hace 16 años la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ordena a legisladores en Oaxaca a crear la ley de consulta previa, pero no han tenido voluntad de crear la ley.

El 11 de mayo de 2018, el juez federal otorgó la razón a los quejosos e hizo notar que la creación de la ley de consulta es un deber que el legislador oaxaqueño ha omitido desde el 14 de agosto de 2001, fecha en que fue publicada la reforma constitucional indígena.

El abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de la asociación Litigio Estratégico Indígena A.C. quien promovió el juicio de amparo con las personas indígenas explicó que “la sentencia es histórica, porque el hecho de que el juez federal ordene al Congreso la creación de la ley de consulta previa, abre la posibilidad de que las y los ciudadanos tengan la posibilidad de obligar a sus legisladores a crear las leyes que la Constitución les ordena y que no han creado”.

El juez federal en su sentencia determinó que el Congreso Oaxaqueño incurrió en omisión legislativa absoluta por lo que le ordenó que “proceda a emitir una ley que regule la consulta previa, libre, informada y de buena fe”, lo que deberá realizar antes de que finalice el segundo periodo de sesiones, es decir, hasta antes del 30 de septiembre de 2018.

 

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