Entre los problemas más acuciantes que enfrenta nuestro país, por sus fuertes repercusiones económicas y sociales, está el robo y tráfico de hidrocarburos —el huachicol—, que al igual que el narco, por ejemplo, se enmarca en eso que llamamos crimen organizado, y que cada día que pasa se convierte en un poder fáctico con más adeptos y territorio bajo su mando.

Esta casa editorial ha documentado cómo en los últimos años esta práctica fue creciendo en varias entidades, ante la total pasividad inicial de las autoridades, que actuaron ya que estas redes de extracción y venta ilegal de combustible habían crecido como hasta hoy, al grado de haber “penetrado” 9.65% del total de la red nacional de ductos, con lo que casi podrían equipararse, en su número de integrantes e impacto, con algunos cárteles del narcotráfico.

Luego de que Pemex reconoció que los huachicoleros le sustraen diariamente el 3.4%, equivalente a 198 mil barriles diarios de todos los productos —entre gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo, gas, petroquímicos y crudo— que se transportan por ducto, el combate y extinción de esta práctica —o deberíamos llamarla industria criminal— debe ser prioridad para este gobierno en lo que le queda de tiempo, y también para quien gane la Presidencia en julio.

En este sentido según informaron, el gobierno federal y la petrolera se han propuesto, a través del Plan de Negocios de Pemex 2017-2021, recuperar producto sustraído de sus ductos a través de tomas clandestinas, con un valor de hasta 11 mil millones de pesos en 2025, siguiendo estrategias de coordinación de todos los órganos de seguridad nacional —Sedena, Semar, PF— que ya se han puesto en marcha. Ese monto de recursos equivale a la mitad del valor de los productos que actualmente le roban cada año a la empresa productiva del Estado, estimado en 20 mil millones de pesos.

Es decir, el gobierno “ambiciosamente” pretende recuperar para 2025 el equivalente a la mitad de los hidrocarburos que hoy se roban al año. Demasiado poco. El esfuerzo no se desestima por supuesto, sin embargo es evidentemente insuficiente si se mira a futuro, y esto incluso bajo el supuesto de que la estrategia funcione y se le dé continuidad en el próximo gobierno, y bajo la condición de que el volumen de huachicol se mantenga y no aumente.

Por sólo intentar contrarrestar el problema, y no darle solución de fondo como debiera ser, este plan de Pemex y el gobierno se desdibuja ante la realidad. Una estrategia sólo de monitoreo y vigilancia, que no combata las causas de la pobreza, desempleo, falta de oportunidades que a su vez son el origen del huachicol, así como la impunidad reinante y la corrupción entre las fuerzas del orden, estos esfuerzos serán tan en vano como nadar contracorriente. Lo que necesitamos son acciones que abatan por completo este fenómeno, no sólo parcialmente. El diagnóstico es claro y alarmante: de no darse marcha atrás a una tendencia al alza, podría convertirse, sin exagerar, en una amenaza para la seguridad nacional.