La decisión que tomó el presidente López Obrador de militarizar el Sistema de Aduanas y darles el control de las mismas a las Secretarías de la Defensa y la Marina, no ha logrado hasta ahora terminar con la corrupción ni dominar al monstruo de mil cabezas en el sistema aduanal del país. La presencia de 2, 203 elementos militares que han sido destacamentados en 65 instalaciones aduaneras y portuarias del país, sobre todo en los puntos más críticos y de mayor tránsito de mercancías, no se refleja todavía en una disminución notable de las actividades ilegales y el contrabando que ocurre en todo el sistema que abarca 49 aduanas y 116 puertos mexicanos.

El tráfico de drogas y armas, además de la gran cantidad de mercancías que de manera ilegal o con artilugios legales se introducen al país continúa y ni la presencia militar ha logrado afectarla, según demuestran las cifras de recaudación en los puestos fronterizos y portuarios. Lejos de incrementarse, como era el objetivo de mandar a los elementos castrenses y supeditar al control militar al director civil de Aduanas, Horacio Duarte, lo que recauda el gobierno ha disminuido: en los primeros 6 meses del año la cifra de ingresos aduaneros se desplomó 16%. Sólo en junio la caída fue de 25% comparada con la recaudación del año anterior, según las cifras preliminares de la Secretaría de Hacienda.

Y aunque la mayor parte de ese desplome se atribuye a la contracción del comercio exterior y la parálisis económica mundial ocasionada por el Covid-19, que redujo el consumo y la oferta de bienes, limitando las importaciones nacionales, la menor recaudación, que de enero a junio de este año fue de 420 mil 900 millones de pesos, también refleja que continúa el tráfico ilegal y la corrupción que hace que sigan pasando mercancías que no pagan impuestos al gobierno, pero sí a las mafias aduaneras y al crimen organizado.

SIGUE EL TRÁFICO ILEGAL DE AUTOS

Entre los principales evasores en las aduanas y puertos nacionales se encuentran “factureros” de automóviles usados, conocidos como los “coches chocolate”. Las denuncias contra empresas, de las que las autoridades conocen nombre y propietario, datan de hace casi cinco años, sin que hasta el momento se haya enfrentado a esas empresas que han tenido el control de las importaciones de vehículos usados por las aduanas de Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ha denunciado de manera reiterada las prácticas fraudulentas para importar autos ‘chocolate’ o ‘basura’ a México. Éstas empresas operan generando facturas con costos muy por debajo del valor real del vehículo con la finalidad de evadir el pago de derechos. Según informes de la AMDA y que también se encuentran en la carpeta de investigación SZC/0011495/2018 de la Fiscalía General de la República (FGR), son cinco los empresarios que controlan el tráfico ilegal de los autos y operan bajo las siguientes marcas: 1. Fernando Díaz Ceballos Carrera (Barcelona Transport INnc, AJG auto sales llc, National autosales Inc) 2. Roberto Ruiz Armas (Carmelita Transport Inc y/o Otay Trucks Sales, Delta Pacific Financial Services Inc) 3. Saúl Yañez (Madero Auto Sales Inc) 4. Javier Lares Hopkins (Auto 1 Brokers llc) 5. Rolando Ríos (EP Auto Group, Inc). .

La investigación judicial sobre la importación ilegal de autos comenzó desde 2018 y en la carpeta en poder de la FGR se presume una red de corrupción por la que habrían entrado al país 80 mil vehículos de manera ilegal, y en la que se solicitaban “moches” de hasta 400 dólares por auto, en información que ya conoce Horacio Duarte de Olivares, titular de la Administración General de Aduanas, quien ha solicitado acelerar las investigaciones para deslindar responsabilidades, porque él tiene el encargo personal del Presidente no sólo de atacar y disminuir la corrupción aduanera, sino también el imperativo y la orden de incrementar la recaudación hasta una meta de 1 billón de pesos anuales.

Los empresarios antes mencionados tendrían que probar la existencia de sus empresas, porque según investigaciones que ha realizado la AMDA, a través de una simple localización de los domicilios, se comprueba que varias de ellas no se dedican a la venta de autos y en algunos de los casos mencionados, son domicilios fantasma o abandonados. ¿Cómo pueden entonces emitir las facturas para que los autos puedan entrar a México sin el pago de derechos? Esa pregunta deberían responderla en la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas (ACAJA), que es la que les otorgó los registros.

Así que mientras el presidente López Obrador, que bautizó a la corrupción aduanera y de los puertos, como el “monstruo de las cien cabezas” y ahora reconoce que en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado la corrupción también es como “un animal grande”, la realidad empieza a demostrar que la militarización de instituciones y actividades en las que han fracasado los civiles no siempre funciona ni acaba con la corrupción y los problemas. Y aún así la próxima semana la Cámara de Diputados aprobará el dictamen que le entregará a la Secretaría de Marina el Sistema Portuario Nacional y la Administraciones Portuarias Integrales. ¿Si no han podido los civiles, podrán los militares?

NOTAS INDISCRETAS…

En el informe de “avances” del Caso Ayotzinapa que hoy presentará el presidente López Obrador junto con la Fiscalía General de la República en Palacio Nacional, se esperan anuncios fuertes y posibles nombres sobre nuevas acusaciones y detenciones de personajes importantes que estuvieron vinculados a las investigaciones de este caso. Las especulaciones sobre a quiénes podrían imputar la FGR y el gobierno federal van desde los niveles más altos, como el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien por su edad difícilmente pisaría la cárcel si fuera acusado, hasta el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pasando por un mando militar de nivel medio destacamentado en Iguala en los trágicos hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014. Así es que hoy, en Palacio Nacional, al cumplirse seis años de la desaparición de los 43 normalistas, es posible que no se anuncien muchos avances novedosos en las investigaciones sobre lo ocurrido aquella noche en Iguala, pero eso sí podría haber nombres de nuevos imputados en este caso que ya cumple un sexenio…A propósito de Ayotzinapa, nos precisan que Tomás Zerón no está escondido en Alemania, sino en Israel, donde el exdirector de la AIC, acusado de torturas y delitos contra la administración de la justicia, pretende dificultar su extradición por el complicado tratado existente entre México y el gobierno israelí. La complejidad de ese tratado ha hecho que Israel se convierta en el nuevo “refugio favorito” de los políticos y personajes mexicanos que son prófugos de la justicia, pues también allá se encuentra escondido en estos momentos Kamel Nacif Borge, el polémico empresario que además de haber sido parte de la red de pederastia de su paisano Succar Kuri en Cancún, también se confabuló con el exgobernador de Puebla, Mario Marín, para detener, encarcelar y torturar a la periodista Lidia Cacho en 2005, en el penoso caso del “gober precioso” y las “botellitas de cognac”…Giran los dados. Escalera doble. Buena semana y mejor fin.