¿Ahora robo de gas LP?
El año pasado uno de los temas que dominó a lo largo de los 12 meses fue el robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos. Aunque no era un problema nuevo, en 2017 alcanzó niveles equiparables al narcotráfico. Fuerzas federales y el Ejército tuvieron que participar en el combate a las bandas de los llamados huachicoleros.
En Puebla, la economía de varias poblaciones giraba en torno a la venta clandestina de gasolina. Cayeron dueños de estaciones de servicio ligados al fenómeno e incluso autoridades coludidas con los delincuentes. Aunque no se ha erradicado, el problema parece momentáneamente contenido.
Ahora, de acuerdo con datos que publica hoy EL UNIVERSAL, surge un problema similar, pero esta vez el combustible extraído de manera ilegal es el gas LP. Los números de este delito en la entidad poblana son todavía bajos en comparación con las perforaciones ilegales para sustraer gasolinas, pero tienen una tendencia al alza en los últimos seis años.
En 2012, las tomas ilegales detectadas fueron cinco, pero el año pasado llegaron a 61, un incremento de mil 120 por ciento. ¿Las bandas únicamente están cambiando de producto con el cual lucrar?
El auge de este robo apenas comienza. La autoridad no debe esperar a que se desborde, como ocurrió con el llamado huachicoleo; las acciones para detenerlo son obligadas.
Como muchos de los delitos, el robo de gas LP tiene un trasfondo social. El aumento en el precio del energético, el de mayor uso en el país y vital en miles de hogares y negocios, registró en 14 meses un incremento de 60%, en un periodo en el que la inflación se ubicó en poco menos de 7% y el aumento a los salarios mínimos tuvo un porcentaje menor.
La zona con mayor incidencia es, al igual que el robo de gasolina, la conocida como Triángulo Rojo, en el oriente de la entidad poblana. La misma región, el mismo modus operandi; ¿no tendría que estar la autoridad local, en primer lugar, atenta a lo que allí ocurre para que no se repitan los hechos de todos conocido?
El robo de gas LP parece confirmar que los primeros que deben actuar, los municipios y el estado, no tienen la capacidad ni el equipo para hacer frente a la delincuencia… o peor, se vuelven cómplices de ella.